El Ministerio Público solicitó cuatro meses adicionales para presentar la acusación formal contra Santiago Hazim y los demás imputados de Operación Cobra. La extensión todavía no ha sido concedida y deberá ser conocida por un tribunal.
Santo Domingo. El caso por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entra en una nueva etapa. El Ministerio Público solicitó este martes cuatro meses adicionales para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra el exdirector de la institución, Santiago Hazim, y los demás imputados vinculados a Operación Cobra.
La solicitud fue depositada por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.
Pero la petición ha generado una pregunta: ¿por qué el Ministerio Público necesita más tiempo y qué significa esto para el proceso?
Lo primero que hay que entender es que los cuatro meses no han sido concedidos todavía. La Procuraduría los solicitó y ahora corresponde al tribunal conocer la petición y decidir si autoriza la extensión del plazo.
¿Por qué la PGR pide cuatro meses más?
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha hecho pública una explicación detallada de los argumentos específicos utilizados para justificar los cuatro meses solicitados.
Por eso, no sería correcto afirmar que existe una única razón determinada.
Lo que sí se conoce es que la investigación continúa abierta y que, de acuerdo con informaciones atribuidas al Ministerio Público, las pesquisas abarcan otras personas físicas y jurídicas.
La solicitud significa, en términos prácticos, que los fiscales todavía no están cerrando la investigación con la presentación de su acusación definitiva y buscan disponer de más tiempo para completar el expediente.
¿Qué se investiga en el caso SeNaSa?
La investigación fue judicializada a finales de 2025 mediante la denominada Operación Cobra.
El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim habría operado un entramado de corrupción dentro de SeNaSa destinado a beneficiar económicamente a funcionarios y particulares mediante diferentes operaciones y contrataciones.
Cuando el caso llegó inicialmente a los tribunales, el órgano persecutor situó el presunto perjuicio ocasionado al Estado en alrededor de RD$15,900 millones.
Se trata de señalamientos formulados por el Ministerio Público que deberán ser probados durante el proceso judicial. Los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
¿Dónde está Santiago Hazim?
Hazim permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.
El pasado 5 de agosto, durante la revisión de las medidas de coerción, el tribunal mantuvo la prisión preventiva contra el exdirector de SeNaSa y otros procesados.
En diciembre de 2025, cuando comenzó la judicialización de Operación Cobra, el tribunal había impuesto 18 meses de prisión preventiva a varios de los imputados.
Aquí existe una diferencia importante: los cuatro meses solicitados ahora no representan cuatro meses adicionales de prisión preventiva.
La solicitud se refiere al plazo que tendría el Ministerio Público para completar su investigación y presentar el acto conclusivo correspondiente.
¿Qué pasa ahora?
La solicitud deberá llegar al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dirigido por el juez Deiby Timoteo Peguero.
El tribunal deberá notificar a las partes y fijar una audiencia para conocer la petición del Ministerio Público. Las defensas tendrán entonces la oportunidad de pronunciarse sobre la extensión solicitada.
Será el juez quien determine finalmente si concede o no los cuatro meses.
Por eso, decir que la PGR ya tiene cuatro meses adicionales sería incorrecto: hasta ahora solamente los ha solicitado.
¿Qué ocurre si el tribunal concede la prórroga?
Si la solicitud es acogida, el Ministerio Público dispondrá del período adicional autorizado para continuar trabajando en la investigación y posteriormente presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.
Una posibilidad es que presente una acusación formal contra los imputados.
Pero incluso en ese escenario el juicio de fondo no comenzaría inmediatamente.
Antes debe producirse la etapa preliminar del proceso, en la que un juez evalúa la acusación, las pruebas presentadas y los argumentos de las partes para determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio.
En otras palabras:
investigación → acusación → audiencia preliminar → eventual juicio de fondo.
El caso todavía se encuentra antes de esas últimas etapas.
¿Qué pasa si el juez no concede los cuatro meses?
El rechazo de la solicitud tampoco significaría automáticamente que el caso SeNaSa queda cerrado.
El Código Procesal Penal establece mecanismos para controlar los plazos de investigación y evitar que un proceso permanezca abierto indefinidamente.
Cuando el Ministerio Público no presenta el requerimiento correspondiente dentro de los plazos establecidos, pueden activarse procedimientos mediante los cuales el tribunal intima al órgano persecutor para que adopte una decisión dentro de un período determinado.
Por eso, rechazar la prórroga no equivale automáticamente a absolver a los imputados ni a extinguir el proceso.
Una investigación que todavía no está cerrada
La solicitud de cuatro meses deja una conclusión importante sobre el momento procesal de Operación Cobra: el Ministerio Público considera que todavía necesita tiempo antes de presentar su acusación definitiva.
Eso no determina la culpabilidad o inocencia de ninguno de los procesados.
Tampoco significa que los cuatro meses hayan sido concedidos.
Lo que ocurre ahora es más sencillo: la PGR pidió más tiempo; las partes deberán ser escuchadas y un juez tendrá que decidir si se lo concede.
A partir de esa decisión se podrá establecer cuál será el próximo calendario de uno de los procesos judiciales de mayor atención pública relacionados con SeNaSa.
