Santo Domingo.- El Gobierno dio un giro claro en torno al proyecto minero Romero. El presidente Luis Abinader ordenó detener de inmediato cualquier actividad vinculada a esta iniciativa en la provincia San Juan.
La decisión llega en medio de inquietudes expresadas por distintos sectores y marcó una posición de no avanzar cuando hay rechazo amplio.
Decisión basada en la reacción de la gente
El mandatario dejó claro el enfoque de la medida: «Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia»
El mensaje no se queda en lo simbólico. Se traduce en una acción concreta, paralizar el proyecto.
El peso de la ley en la decisión
El presidente explicó que la medida también se sustenta en lo que establece la normativa ambiental del país.
Según indicó, la Ley 64-00 plantea que si un proyecto de este tipo enfrenta un rechazo masivo, no resulta viable continuar con su desarrollo.
Esto coloca la aceptación social como un factor determinante.
El proyecto no es nuevo y sigue en evaluación
Abinader recordó que la iniciativa no surgió en esta gestión. Sus antecedentes se remontan a procesos iniciados en 2005, con renovaciones y estudios técnicos en años posteriores.
En la etapa actual, aclaró, el proyecto solo se encontraba en evaluación ambiental, sin autorización para explotación.
«Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro».
