El Gobierno propone RD$1,751 millones, mientras los partidos reclaman cerca de RD$3,498 millones. La diferencia de RD$1,747 millones reabre el debate sobre los recursos públicos y las elecciones de 2028.
Santo Domingo. — El financiamiento de partidos políticos vuelve a generar controversia en República Dominicana. Las organizaciones políticas reclaman aproximadamente RD$3,498 millones para 2027, mientras el proyecto de Presupuesto General del Estado contempla unos RD$1,751 millones.
La diferencia asciende a RD$1,747 millones y ha provocado que representantes partidarios acudan al Congreso Nacional para exigir que se revise la asignación.
El reclamo se produce mientras los partidos comienzan a prepararse para las elecciones generales de 2028, aunque 2027 será un año no electoral.
¿Qué establece la ley sobre el financiamiento de partidos políticos?
El artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece los porcentajes de financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas según el calendario electoral.
La legislación contempla dos escenarios:
- Años no electorales: 0.25 % de los ingresos nacionales.
- Años electorales: 0.5 % de los ingresos nacionales.
Para 2027 corresponde aplicar el porcentaje de los años no electorales.
Según los cálculos presentados por representantes partidarios, la aplicación de ese porcentaje representaría aproximadamente RD$3,498 millones.
Sin embargo, el proyecto presupuestario contempla RD$1,751 millones, alrededor de la mitad del monto reclamado.
¿Por qué los partidos políticos exigen más recursos para 2027?
El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) llevó sus planteamientos al Congreso Nacional.
Sus representantes se reunieron con Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, para expresar su desacuerdo con la asignación.
Las organizaciones sostienen que el financiamiento de partidos políticos debe ajustarse a lo establecido en la legislación electoral.
También argumentan que los recursos serán necesarios para organizar sus procesos internos, fortalecer sus estructuras y preparar la selección de candidaturas de cara a las elecciones de 2028.
Los antecedentes del conflicto por los recursos públicos
La discusión sobre el dinero destinado a las organizaciones políticas no es nueva.
En 2021, el presidente Luis Abinader propuso reducir en un 50 % los fondos de los partidos para destinar parte de esos recursos a una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.
En 2024, año electoral, también surgieron diferencias sobre las asignaciones presupuestarias.
Estos antecedentes reflejan que el financiamiento público de las organizaciones políticas continúa siendo un tema recurrente en la discusión del presupuesto nacional.
¿Qué relación tiene el presupuesto de la JCE con las elecciones de 2028?
El reclamo de los partidos también incluye preocupaciones sobre los recursos destinados a la Junta Central Electoral (JCE).
Según José Dantés, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la institución electoral habría solicitado RD$27,000 millones para 2027, mientras la asignación contemplada ronda los RD$9,000 millones.
Los representantes políticos advierten que esta diferencia podría afectar los preparativos electorales y el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral.
Sin embargo, se trata de advertencias formuladas por dirigentes partidarios, no de una confirmación de que estos procesos estén comprometidos.
¿Qué pasará con el financiamiento de los partidos políticos en 2027?
El Presupuesto General del Estado de 2027 todavía debe completar su discusión y aprobación en el Congreso Nacional.
Durante ese proceso, los legisladores podrán evaluar las asignaciones propuestas y determinar si corresponde realizar modificaciones.
Por ahora, el desacuerdo sobre el financiamiento de partidos políticos continúa abierto.
La discusión también plantea un debate más amplio sobre cuánto dinero público debe destinarse a las organizaciones partidarias y qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas deben acompañar su utilización.
