El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue convocado este martes para iniciar el juicio de fondo del caso Camaleón, proceso que involucra a 10 personas y siete empresas por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Santo Domingo. El proceso judicial conocido como caso Camaleón o caso Intrant llega a una de sus etapas decisivas. Este martes 11 de agosto fue fijado el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros ocho acusados.
El expediente será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Arlín Ventura, luego de que en junio el Sexto Juzgado de la Instrucción determinara que existían elementos suficientes para enviar el caso a juicio.
A partir de ahora comienza una etapa diferente: el tribunal deberá escuchar las pruebas y argumentos del Ministerio Público y de las defensas para determinar si los acusados son responsables o no de los hechos que se les atribuyen.
¿Qué es el caso Intrant?
El origen del expediente está relacionado principalmente con el contrato adjudicado para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público sostiene que se produjo una presunta manipulación de los procesos de contratación pública para beneficiar a empresas vinculadas a Jochi Gómez.
Según la acusación, el presunto esquema habría permitido adjudicar de manera irregular un contrato por más de RD$1,300 millones relacionado con la red semafórica.
La Procuraduría atribuye a Beras, quien dirigía el Intrant cuando se desarrolló el proceso, haber facilitado adjudicaciones presuntamente fraudulentas a empresas que, según el órgano acusador, no contaban con la capacidad técnica requerida.
Estas imputaciones constituyen la tesis del Ministerio Público y deberán ser demostradas durante el juicio. Los procesados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
¿De qué acusan a Hugo Beras y Jochi Gómez?
El auto de apertura a juicio mantiene contra los procesados cargos vinculados con presunta estafa contra el Estado, sabotaje de la red semafórica, robo de identidad, delitos de alta tecnología y lavado de activos, además de otras infracciones asociadas al expediente.
Un elemento importante es que la jueza Yanibet Rivas excluyó la acusación de terrorismo que originalmente había planteado el Ministerio Público.
Por tanto, terrorismo no forma parte de los cargos con los que el grupo fue enviado a este juicio de fondo.
El Ministerio Público sostiene además que los hechos investigados no se limitaron al procedimiento de contratación.
La acusación incluye alegaciones relacionadas con la manipulación de la red semafórica y con actividades tecnológicas que, según los fiscales, formaban parte del esquema investigado.
¿Quiénes están acusados en el caso Intrant?
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, fueron enviados a juicio:
Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini; Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
El proceso también alcanza a siete sociedades comerciales: Transcore Latam, Aurix S.A.S., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
En total, el juicio involucra a 10 personas y siete empresas.
¿Cómo llegó el caso Intrant a juicio de fondo?
Operación Camaleón comenzó a hacerse pública en octubre de 2024, cuando el Ministerio Público ejecutó arrestos y allanamientos relacionados con las presuntas irregularidades investigadas.
Después de desarrollar la investigación, el Ministerio Público presentó formalmente su acusación en octubre de 2025.
El expediente pasó entonces a la audiencia preliminar ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Esa etapa no tenía como objetivo determinar si los acusados eran culpables o inocentes, sino establecer si la acusación y los elementos presentados justificaban llevar el proceso a un juicio.
El 5 de junio de 2026, la jueza Yanibet Rivas dictó el auto de apertura a juicio contra Beras, Gómez y los demás procesados.
Posteriormente, el expediente fue asignado mediante sorteo al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fijó para este 11 de agosto el comienzo del juicio.
¿Qué cambia ahora que comienza el juicio?
Hasta ahora, los tribunales habían evaluado principalmente si existían elementos suficientes para que el caso avanzara.
Ahora comienza la discusión sobre la responsabilidad penal de los acusados.
Durante el juicio, el Ministerio Público tendrá que presentar las pruebas con las que pretende demostrar su acusación, mientras las defensas podrán controvertirlas, presentar sus propios elementos y argumentar a favor de sus representados.
El tribunal deberá valorar las pruebas admitidas y los argumentos de las partes antes de determinar si corresponde una condena o una absolución.
Esto significa que el auto de apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad.
Un proceso que entra en su etapa decisiva
El inicio del juicio de fondo marca un punto importante en un expediente que comenzó hace casi dos años y que ha colocado bajo escrutinio la contratación para modernizar una infraestructura crítica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público llega a esta etapa sosteniendo que existió un esquema para defraudar al Estado y beneficiar intereses privados mediante el contrato de la red semafórica.
Ahora deberá probar esas acusaciones ante el tribunal.
Las defensas, por su parte, tendrán la oportunidad de cuestionar las pruebas y presentar sus argumentos.
El caso Intrant deja así atrás la discusión sobre si debía llegar a juicio. Desde ahora, la pregunta que deberá responder el tribunal es otra: si las acusaciones pueden ser demostradas más allá de duda razonable.
