La Corte Suprema de EE. UU. dio un paso polémico que permite, al menos de forma temporal, que el presidente Donald Trump implemente su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento en 28 estados. Esto fue posible gracias a un fallo que limita la capacidad de los jueces federales de bloquear políticas a nivel nacional, una herramienta que en años recientes ha sido clave para frenar decisiones tanto de gobiernos republicanos como demócratas.
El fallo, aprobado 6-3 y escrito por la jueza Amy Coney Barrett, no determinó si la orden de Trump es constitucional. Solo dejó sin efecto las suspensiones impuestas por jueces de menor instancia, lo que abre la puerta para que la medida entre en vigor en los estados que no la han impugnado. Esta situación podría generar un sistema desigual, en el que la ciudadanía por nacimiento dependa del estado donde se nace.
Qué dice la orden y por qué es tan controversial
La orden ejecutiva fue firmada el mismo 20 de enero, cuando Trump inició su segundo mandato. Busca terminar con la práctica de otorgar automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres.
Esta práctica está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que desde 1868 establece que toda persona nacida en EE. UU. es ciudadana. En 1898, la Corte Suprema reafirmó ese principio en un fallo histórico. Por eso, la nueva medida ha generado una ola de impugnaciones legales y protestas de grupos defensores de los derechos civiles.
Qué pasa ahora y qué podría pasar después
El fallo no entrará en vigor de inmediato: hay un plazo de 30 días. Mientras tanto, organizaciones legales ya presentaron nuevas demandas colectivas en estados como Maryland y Nuevo Hampshire, buscando frenar la medida a nivel regional o nacional. Es muy probable que la Corte Suprema tenga que volver a pronunciarse sobre este tema, pero esta vez para decidir si la orden ejecutiva viola o no la Constitución.
Desde la Casa Blanca, Trump celebró la decisión como una victoria “gigantesca” y prometió aplicar otras políticas que habían sido bloqueadas por mandatos judiciales. Pero muchos expertos advierten que esto expande peligrosamente el poder del presidente.
Reacciones divididas: ¿más poder para Trump o amenaza al Estado de Derecho?
Mientras el presidente y sus aliados aplauden el fallo, líderes demócratas como el senador Chuck Schumer lo califican de “paso aterrador hacia el autoritarismo”. Organizaciones como Democracy Forward señalaron que aún existen vías legales para impedir que esta orden entre en vigencia, aunque reconocieron que será más difícil.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson mostraron su fuerte desacuerdo. Jackson fue más allá del lenguaje habitual y escribió: “Con profunda desilusión, disiento”. Ambas alertaron que este tipo de decisiones debilitan el sistema de contrapesos que sostiene la democracia estadounidense.
(The New York Time en Español)
