La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, designó a varios nuevos procuradores adjuntos para fortalecer la gestión y funcionamiento del Ministerio Público. Entre los nuevos nombramientos, se destaca a Rodolfo Espiñeira Ceballos, quien asumirá el cargo de primer sustituto de la Procuradora General, con funciones dentro del despacho.
Nombramientos claves: Los nuevos procuradores adjuntos son Wilson Manuel Camacho Peralta, quien estará al frente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Pedro Frías Morillo, quien será el segundo sustituto de la Procuradora y director técnico del despacho; y José Vitervo E. Cabral González, quien mantiene su rol de inspector general del Ministerio Público.
Transformación en el sistema judicial
Otros nombramientos importantes incluyen a Sourelly Jaquez Vialet, quien dirigirá la Unidad de Jurisdicción Privilegiada en Procesos Especiales, y Juan Medina de los Santos, quien será el director de la Unidad de Litigios Civiles y Administrativos. Alba Corona Valerio ocupará el cargo de directora nacional del Sistema de Atención.
En la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz fue designada como procuradora titular. Mientras que Fadulia Rosa asumirá como directora de la Unidad de Dictámenes y Litigios Ante las Altas Cortes, junto con María del Carmen de León, Fior Daliza Alduey y Emilio Rodríguez.
Transformación tecnológica en el Ministerio Público
En cuanto a la innovación tecnológica, Iván Feliz Vargas fue designado como director del Proyecto G-5, encargado de la transformación digital en las investigaciones y el Sistema Nacional de Atención. Además, se anunciaron nuevas designaciones en diversas unidades, como María Rosalba Díaz, quien asumirá la dirección del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC), y Wendy Estrella Monsanto, quien será la nueva secretaria general del Ministerio Público.
La procuradora Reynoso destacó que todas estas designaciones forman parte de un proceso de transformación que busca optimizar el trabajo del Ministerio Público, con un enfoque en la calidad, honestidad y transparencia, para garantizar el cumplimiento de su misión constitucional en beneficio de la sociedad.
(Acento)
