La Corte de Apelación tomó una decisión crucial en el proceso judicial de la Operación Camaleón, modificando las medidas de coerción contra Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Padovanni.
En lugar de los 18 meses de prisión preventiva inicialmente impuestos, los imputados ahora deberán cumplir con una garantía económica, prohibición de salida del país, y presentarse periódicamente ante las autoridades. Aunque estas nuevas condiciones suavizan su situación, no los liberan de las graves acusaciones en su contra.
El trasfondo: un escándalo millonario en el Intrant
El Caso Camaleón gira en torno a un escándalo de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), vinculado a un contrato irregular con la empresa Transcore. Los imputados, entre ellos Hugo Beras, exdirector del Intrant, y Jochi Gómez, propietario de Transcore, enfrentan acusaciones que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, y hasta sabotaje a la infraestructura crítica del país.
Según la Procuraduría General de la República, los tres formaban parte de una red criminal que habría defraudado al Estado dominicano por más de 1,200 millones de pesos.
La PEPCA y sus pruebas
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que lidera la investigación, ha presentado más de 200 pruebas contra los implicados. Documentos, testimonios y registros financieros forman parte de la evidencia que, según las autoridades, demuestran la existencia de un esquema de corrupción que afectó las finanzas públicas.
Un respiro, pero no una exoneración
El cambio en las medidas de coerción puede parecer un respiro para los acusados, pero la gravedad de los cargos sigue pesando. Los tres implicados deberán cumplir con las nuevas restricciones mientras continúan enfrentando un proceso judicial que podría llevarlos a responder por uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país.
La decisión de la Corte es vista como un paso importante en un caso que ha generado amplio debate público y que continúa bajo el ojo crítico de la ciudadanía.
Fuente: Periódico Hoy