El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra diez personas —militares y civiles— acusadas de integrar una red de corrupción que operaba en el sector de la seguridad privada, específicamente dentro de instituciones del Estado.
Esta medida forma parte de la primera fase de la Operación Lobo, mediante la cual se desmanteló una estructura que, según el Ministerio Público, obtuvo contratos públicos mediante sobornos que superan los 100 millones de pesos.
Las pruebas y los contratos bajo lupa
La procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la red operaba manipulando licitaciones para que ciertas empresas obtuvieran o conservaran contratos de seguridad en instituciones públicas.
Ortiz afirmó que el caso está sustentado por más de 500 pruebas documentales, testimoniales y técnicas, además del rastro financiero que vincula a los arrestados con el pago de sobornos.
¿Quiénes más están implicados?
Aunque por ahora son diez los imputados, la Pepca advirtió que esto es solo el comienzo. “Esta operación apenas empieza. Habrá más arrestos, más sometimientos y más investigaciones”, señaló Ortiz.
Ante preguntas sobre la posible implicación de funcionarios públicos, la fiscal fue enfática: “Todos los que estén implicados serán sometidos a la acción de la justicia. Vamos por más”.
¿Cómo comenzó esta investigación?
El caso se originó por una denuncia formal presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. A partir de ahí, la Pepca desarrolló una investigación que reveló un patrón de manipulación sistemática de procesos de contratación para favorecer empresas específicas a cambio de sobornos.
Con esta medida coercitiva, el Ministerio Público busca evitar posibles obstrucciones a la investigación y garantizar que los implicados enfrenten la justicia por estafar al Estado y distorsionar la libre competencia en el ámbito público.
