Santo Domingo. – El Ministerio Público anunció este miércoles la homologación de un acuerdo sin precedentes con Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas, en el marco de la Operación Antipulpo, mediante el cual se autoriza el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano y se establecen nuevas medidas de reparación económica y disolución de compañías.
La decisión fue tomada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras acoger la solicitud del Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El acuerdo se ampara en el criterio de oportunidad previsto en el Código Procesal Penal.
“Este resultado refuerza los avances del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso”, señalaron Wilson Camacho, director de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca.
Indemnizaciones millonarias y disolución de empresas
El pacto obliga a Montilla a pagar RD$600 millones en compensación a las distribuidoras de electricidad del Este, Sur y Norte (EdeEste, EdeSur y EdeNorte) por los perjuicios ocasionados. También se comprometió a disolver en un plazo de dos años empresas clave en el entramado de corrupción, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
Asimismo, deberá saldar RD$431.8 millones con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y entregar un terreno de 200.18 metros cuadrados, valorado en RD$50.9 millones, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional.
Representación legal y rol de las distribuidoras
Las empresas distribuidoras fueron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), y asistidas por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo. La defensa de Montilla y sus compañías estuvo encabezada por Joaquín Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.
Modus operandi y privilegios ilícitos
El Ministerio Público documentó que Montilla utilizó sus empresas como vehículos societarios para obtener adjudicaciones fraudulentas en procesos de contratación pública, aprovechando su cercanía con el poder político y acceso a información privilegiada.
El acuerdo detalla que Montilla manipuló plazos de entrega, incurrió en estafa al Estado y pagó sobornos a funcionarios públicos para modificar contratos y acelerar desembolsos.
Base legal del acuerdo
El criterio de oportunidad aplicado está sustentado en el artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal, que permite este tipo de acuerdos en casos complejos cuando el imputado colabore eficazmente en el esclarecimiento de los hechos y contribuye a evitar nuevos delitos.
