La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, no tuvo miedo de poner sobre la mesa una realidad que muchos evitan: las campañas de difamación, chantaje y ataques personales que se disparan en redes sociales, muchas veces de la mano de personas que se hacen pasar por comunicadores.
Un daño más allá de lo público
“Esto no es solo ruido mediático o casos aislados”, explicó Ramos en una entrevista para el programa Hoy Mismo. “Estamos viendo cómo se destruyen vidas y familias. Hay niños que no deberían cargar con lo que se dice de sus padres”.
Esta situación, que califica como “preocupante y sin precedentes”, ha llevado a su despacho a iniciar investigaciones para ponerle un alto a esta dinámica tóxica que ha cruzado límites legales y éticos.
El chantaje que va más allá de las redes
Ramos denunció que, además de las campañas de difamación, hay personas que usan las redes sociales para pedir dinero a cambio de “limpiar” reputaciones que ellos mismos dañaron con mentiras.
Cita casos recientes como el de Ángel Martínez, procesado por difamación, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien ha sido víctima de una agresiva campaña online que incluso ha afectado a su hijo menor.
No es censura, es responsabilidad
Ante la preocupación sobre una posible interpretación como censura, Ramos fue clara: “La diferencia es simple. Opinar es un derecho, chantajear y difamar es un delito. Nosotros respetamos la libertad de expresión, pero aplicaremos la ley cuando se use para hacer daño”.
La fiscal dejó un mensaje firme: “Se acabó el relajo. Quien difama o chantajea va a responder ante la justicia”.
