Jueza impone fianza de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país
SANTO DOMINGO. La jueza Fátima Veloz impuso la madrugada del jueves medidas de coerción a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, esto luego de permanecer ocho días detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional tras ser acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo del local, que dejó 235 muertos y más de 180 heridos.
Los imputados deberán pagar una garantía económica de RD$50 millones, presentarse de forma periódica ante las autoridades y no podrán salir del país. Esta decisión se tomó tras más de 12 horas de audiencia, donde se escucharon a cerca de 80 personas que se querellaron por la tragedia.
En su decisión, el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva, al considerar que los hermanos Espaillat cuentan con suficiente arraigo: domicilio conocido, actividad empresarial estable y vínculos familiares y sociales en el país. No se evidenció riesgo de fuga ni antecedentes de evasión.
No obstante, la jueza reconoció que los hechos podrían constituir homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal dominicano, que establece penas de tres meses a dos años de prisión correccional.
¿Qué significa esta medida?
Los hermanos Espaillat no irán a prisión por ahora, pero el proceso judicial en su contra sigue. Están acusados de haber actuado con negligencia grave, al no atender las fallas estructurales del techo, según la Procuraduría.
La defensa, encabezada por el abogado Miguel Valerio, valoró la decisión como justa y recordó que los acusados han colaborado con la investigación y han ofrecido ayuda a parte de las víctimas.
Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión, por considerar que no se valoró adecuadamente la magnitud del daño causado a la sociedad. La fiscalía había solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.
“Estamos hablando de 235 personas fallecidas”, dijo Wilson Camacho, director de Persecución, tras la audiencia. Además, algunos abogados de las víctimas piden que se reconsidere el tipo penal imputado, y que se les acuse de homicidio voluntario, en lugar de involuntario.
Próximos pasos
El proceso continuará en las próximas semanas con la presentación formal de cargos y nuevas audiencias. Mientras tanto, los acusados deberán cumplir las medidas impuestas y esperar la decisión de la Corte sobre la apelación del Ministerio Público.
