EsquinaRD.– El proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el llamado Caso Medusa no avanzó como estaba previsto.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que el Ministerio Público no pudo iniciar la lectura formal de la acusación debido a incidentes planteados por las defensas que, según afirmó, ya habían sido conocidos en fases anteriores del proceso.
¿Qué pasó en la audiencia?
Al concluir la sesión en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Camacho sostuvo que los abogados volvieron a presentar cuestionamientos que fueron discutidos durante la etapa intermedia, bajo la decisión del juez Amauris Martínez.
Recordó que el Código Procesal Penal establece que no deben repetirse los mismos incidentes ya decididos.
“El Código Procesal Penal prohíbe repetir los mismos incidentes”, expresó.
También afirmó: “Lo único que hace la defensa es reiterar su intención de consumir tiempo, pero solo van a lograr alargar su agonía, porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a la prueba de este proceso”.
Señalamientos del Ministerio Público
El titular de Pepca calificó los planteamientos de la defensa como contrarios a derecho. Indicó que se intentó que el tribunal declarara inconstitucionales disposiciones que ya fueron derogadas o que revisara temas de competencia previamente resueltos por el Tribunal Constitucional.
Debido a estos recursos, la acusación no pudo comenzar a leerse en sala, a pesar de que la audiencia había sido pospuesta para que los abogados organizaran sus argumentos.
¿Qué es el Caso Medusa?
El expediente judicial acusa a Jean Alain Rodríguez, quien dirigió la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020, de encabezar un presunto entramado de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los RD$6,000 millones.
Según el Ministerio Público, los hechos incluyen supuestos delitos de corrupción administrativa, soborno y lavado de activos vinculados a procesos de compras irregulares dentro de la institución.
Al inicio del caso fueron señalados 63 imputados, entre personas físicas y empresas. De ese grupo, 25 alcanzaron acuerdos con el órgano acusador. El resto, incluido el exprocurador, enfrenta ahora el juicio de fondo.
El proceso continúa bajo la atención pública, en uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes que se conocen actualmente en los tribunales dominicanos.
