Santo Domingo, RD. – La audiencia para conocer las medidas de coerción en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, fue aplazada para el miércoles 18 de junio a las 11:00 de la mañana. El Ministerio Público les imputa cargos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias tras el colapso del techo del establecimiento el pasado 8 de abril.
Para Antonio Espaillat, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva, mientras que para Maribel Espaillat, pide prisión domiciliaria. Maribel no solo es imputada, sino que también resultó lesionada en el incidente, sufriendo una herida profunda en la cabeza que requirió 12 puntos de sutura y la restauración de parte de su oreja.
La audiencia fue pospuesta para permitir que los abogados de los imputados estudien a fondo la solicitud de medidas de coerción y preparen adecuadamente su defensa.
Los argumentos del Ministerio Público
El Ministerio Público sostiene que los imputados alteraron «de manera significativa» la estructura de la discoteca sin la debida supervisión técnica. Han señalado que el Jet Set, que originalmente era un cine, «sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”.
Además, los fiscales argumentan que «se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”. El Ministerio Público también afirma que los responsables «cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso».
Las autoridades aseguran haber recabado «evidencias contundentes» que demuestran que la tragedia del 8 de abril era «totalmente evitable si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”. Se ha añadido que «los imputados intimidaron a testigos del proceso con el objetivo de evitar que aportaran pruebas que comprometen su responsabilidad penal”.
Al salir de la audiencia, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró que la responsabilidad de los imputados está sustentada en más de 130 medios de prueba.
(Diario Libre)
