Santo Domingo.- La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, emitió el pasado 25 de abril de 2025 la «Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes», con el objetivo de intensificar la lucha contra este delito y garantizar la justicia para los migrantes. La instrucción establece que los fiscales deben dar alta prioridad a las investigaciones en las que se involucren funcionarios públicos, militares o policías, y en caso de ser implicados, los bienes relacionados con estas actividades ilícitas serán decomisados.
Sanciones inmediatas y decomiso de bienes
Según la nueva normativa, si se comprueba que un funcionario está vinculado a actos de extorsión o soborno para facilitar el tráfico de migrantes, los fiscales deberán solicitar su inmediata suspensión de funciones ante las autoridades competentes. Además, se procederá al decomiso de bienes, como cuentas bancarias, propiedades y vehículos, para desmantelar las estructuras criminales responsables de este delito.
Inmovilización de activos y vehículos utilizados en el tráfico
Siguiendo la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la instrucción también detalla el secuestro inmediato de vehículos utilizados en el tráfico ilegal de migrantes. Esta medida no solo se aplicará a individuos, sino también a empresas que participen en este tipo de actividades. La intención es cortar las fuentes de financiación de las redes de tráfico y hacerles frente de manera más efectiva.
El Ministerio Público también ha creado la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), que trabajará bajo la supervisión de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT). Esta unidad estará conformada por agentes especializados y contará con tecnología avanzada y formación continua para enfrentar las complejas redes de tráfico de migrantes que operan en el país.
¿Por qué esto?
El tráfico de migrantes es uno de los crímenes más lucrativos y destructivos, que afecta tanto la seguridad nacional como los derechos de los migrantes. Con estas medidas, el Ministerio Público busca no solo desmantelar las redes de criminales, sino también proteger a las personas vulnerables que caen en manos de traficantes. La nueva estrategia del gobierno reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
