Varias instituciones del Estado se unieron para lanzar un programa que busca dejar atrás el castigo automático y empezar a tratar con dignidad a quienes enfrentan problemas de consumo de drogas. La idea es clara: no todo se resuelve con cárcel.
El Consejo del Poder Judicial, el Ministerio Público, Salud Pública, el Consejo Nacional de Drogas, el Servicio Nacional de Salud, la Defensa Pública y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron un acuerdo para implementar el Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ), una alternativa enfocada en la rehabilitación y la reinserción social.
Justicia que escucha y acompaña
Durante la firma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, fue contundente: “Sabemos que detrás de cada caso hay una historia, y muchas veces la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”.
El programa parte de un enfoque de justicia terapéutica: las personas con consumo problemático de sustancias no son vistas como criminales, sino como seres humanos que necesitan apoyo, acceso a salud y una segunda oportunidad.
Un cambio en la visión del sistema
La procuradora Yeni Berenice Reynoso también resaltó que este acuerdo representa un avance para muchos jóvenes que hoy no necesitan una celda, sino atención médica y social. Dijo que el Ministerio Público ya no procesa el consumo en sí, sino los casos donde se vincula con otros delitos más graves.
Desde el Consejo Nacional de Drogas, su presidente Alejandro Abreu pidió establecer indicadores para medir el impacto real del acuerdo, que busca atender las causas del problema y no solo sus consecuencias.
¿Qué busca este programa?
Con este nuevo enfoque, se prioriza una intervención integral que combine justicia, salud y acompañamiento. El objetivo es reducir la reincidencia, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y construir un sistema que no solo sancione, sino que transforme.
