Fuente: agencia EFE
Washington D.C. – Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el posible envío de tropas federales a Chicago y Boston han despertado críticas y advertencias de expertos legales, quienes consideran que una acción de este tipo podría constituir un “abuso de poder” y vulnerar la Constitución.
Si se concretan los planes, ambas ciudades serían la tercera y cuarta en recibir presencia militar bajo la administración Trump, luego de Los Ángeles y Washington D.C., a menos de ocho meses de iniciado su mandato.
Aumento de agentes federales y operativos en curso
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana operativos en Chicago y Boston, incrementando la presencia de agentes federales, incluidos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tom Homan, asesor presidencial conocido como “zar” de la frontera, adelantó en una entrevista con CNN que el Gobierno planea desplegar efectivos de la Guardia Nacional en varias ciudades “santuario”, aquellas que ofrecen protección a comunidades migrantes.
Cuestionamientos legales: ¿violación al Posse Comitatus Act?
Juristas y analistas señalan que la medida podría violar el Posse Comitatus Act, que prohíbe a las tropas federales desempeñar labores de seguridad pública, salvo excepciones muy específicas.
“El despliegue de tropas (…) para ocupar ciudades no puede promover plausiblemente el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”, escribió Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.
La principal excepción para desplegar fuerzas militares es la Ley de Insurrección, que permite intervenir solo si un estado lo solicita o para hacer cumplir leyes federales. Sin embargo, expertos como Liza Gotein advierten que el Gobierno busca justificar el despliegue para combatir el crimen común, un asunto de jurisdicción local:
“Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un abuso de poder sin precedentes que violaría los derechos de los estados”, afirmó.
Antecedentes: despliegues previos y fallos judiciales
En junio, el Gobierno envió marines a California durante protestas contra su política migratoria, lo que derivó en una demanda. Un juez federal declaró “ilegal” el operativo y acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial nacional liderada por el presidente”.
El fallo, sin embargo, solo aplica en California, ya que el Tribunal Supremo limitó la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes con alcance nacional.
Estrategias para evadir restricciones
Analistas también señalan que la Casa Blanca evalúa pedir apoyo a otros estados para enviar efectivos de sus Guardias Nacionales a las ciudades en cuestión, manteniendo formalmente el control estatal de las tropas.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció que Texas podría enviar efectivos a su estado, aunque el gobierno texano no confirmó esta información. Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, advirtió que esta estrategia podría vulnerar el artículo IV de la Constitución, que protege la soberanía de los estados, y abrir la puerta a que Illinois lleve el caso ante la Corte Suprema.
Un choque de poderes con tinte político
El debate sobre la militarización de ciudades gobernadas por demócratas revela tensiones crecientes entre la Casa Blanca y los estados, además de un uso polémico de las fuerzas armadas para atender problemas locales. La decisión final podría desencadenar una batalla legal que siente precedentes sobre los límites del poder presidencial en EE.UU.
