Fuente: EFE Bogotá
En medio de la conmoción política que atraviesa Colombia, la justicia sancionó a un adolescente de 15 años con siete años de privación de libertad en un centro especializado por su responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático.
La condena y los cargos
La Fiscalía informó que el menor fue hallado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. La sanción, una de las más altas previstas por la Ley de Infancia y Adolescencia, fue dictada apenas 80 días después del atentado, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
Uribe Turbay resultó gravemente herido de bala en la cabeza durante un mitin en el barrio Modelia y falleció el 11 de agosto. El atacante fue capturado en flagrancia por el esquema de seguridad del senador.
Cómo ocurrió el crimen
La investigación reveló que el joven fue trasladado al lugar en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, uno de los seis capturados por este magnicidio.
Posteriormente, recibió una pistola Glock 9 mm de Elder José Arteaga Hernández, señalado como coordinador del ataque. El menor descendió, caminó hacia el parque El Golfito, disparó contra el político y fue capturado durante la huida.
Reacciones y cuestionamientos
El abogado de la familia, Víctor Mosquera, aseguró que aunque se aplicó una de las sanciones más altas posibles, esta “nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
Criticó además que la legislación colombiana incentive a las estructuras criminales a usar menores de edad en estos atentados.
Investigación y contexto político
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el hecho como magnicidio, subrayando que tanto el autor material como varios de los cómplices ya responden ante la justicia. Sin embargo, continúa la búsqueda de los determinadores y no se descarta la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.
El asesinato de Uribe Turbay, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, ha reavivado los temores de una nueva ola de violencia política en Colombia, similar a la vivida en 1990, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados.
El Gobierno ha encabezado ya tres reuniones extraordinarias de seguridad para evaluar los avances de la investigación.
