Caracas.- El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un grupo no precisado de personas, venezolanas y extranjeras, como un gesto político del Gobierno para bajar tensiones tras los recientes acontecimientos en el país.
El anuncio llega cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y en medio de presiones internas y externas por presos políticos.
Qué ocurre y por qué ahora
Rodríguez explicó que las excarcelaciones ya están en marcha y calificó la decisión como un “gesto unilateral”, con el objetivo de “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en un escenario marcado por incertidumbre política y diplomática.
Indicó que el proceso responde a un llamado institucional hecho por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y agradeció el acompañamiento de actores internacionales que, según dijo, facilitaron el ambiente para esta decisión.
Agradecimientos y mediación internacional
El jefe del Parlamento agradeció públicamente al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al Reino de Catar y a instituciones del Estado venezolano.
Rodríguez aseguró que el Gobierno no sostuvo conversaciones con lo que llamó “sectores extremistas”, en referencia a líderes del principal bloque opositor, a quienes acusó de romper con la lógica política institucional.
«Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución», precisó.
El contexto de los presos políticos
El anuncio ocurre mientras organizaciones no gubernamentales y dirigentes opositores intensifican los reclamos por la liberación de detenidos considerados presos políticos, tras el giro abrupto del poder en Venezuela.
Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, incluidos 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad, aunque el Gobierno sostiene que están detenidos por delitos comunes.
