En medio de un nuevo debate sobre la inmigración en Estados Unidos, legisladores republicanos han propuesto proyectos de ley que buscan gravar las remesas enviadas al extranjero, una medida que podría impactar directamente a millones de familias en América Latina y el Caribe.
Uno de los proyectos, denominado “Gran y hermoso proyecto de ley”, plantea un impuesto del 5 % sobre todas las remesas enviadas desde EE. UU. hacia otros países. Otra propuesta, llamada Ley de Inversión en Seguridad Fronteriza, eleva la cifra a un 37 %, aplicable a los cinco países con mayor flujo migratorio irregular hacia territorio estadounidense.
Ambas iniciativas siguen la línea de políticas promovidas anteriormente por el expresidente Donald Trump, que buscan financiar el fortalecimiento de la frontera sur mediante medidas que castigan, directa o indirectamente, a las comunidades migrantes y a sus países de origen.
Un pilar económico en riesgo
Las remesas no son solo transferencias personales. En varios países de la región representan una fuente clave de ingresos nacionales. En El Salvador, por ejemplo, equivalen al 24 % del PIB; en Honduras, al 25 %; y en Guatemala, cerca del 20 %, según datos oficiales.
Un impuesto de esta magnitud implicaría una reducción significativa en el ingreso de millones de familias, afectando su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación. También tendría un efecto dominó sobre la economía informal, el consumo interno y la estabilidad macroeconómica en estos países.
¿Menos remesas, más migración?
Expertos y activistas han advertido que esta medida podría ser contraproducente. Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes, señaló que “si las familias ya no reciben el dinero suficiente para subsistir, van a verse obligadas a seguir el camino de sus seres queridos”. En otras palabras, reducir las remesas podría fomentar aún más la migración.
Además, penalizar el envío de dinero desde el extranjero profundiza la pobreza estructural y debilita el tejido social, afectando incluso a quienes dependen de estos recursos sin haber migrado.
Tensión diplomática y señales negativas
Desde Latinoamérica ya comienzan a alzarse voces contra estas iniciativas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la medida como una “injusticia fiscal”, recordando que los migrantes contribuyen con impuestos en Estados Unidos, incluso si están en situación irregular.
Al mismo tiempo, esta propuesta envía una señal negativa a los inversionistas internacionales, al aumentar la percepción de inestabilidad en economías altamente dependientes de remesas. La reducción de estos ingresos podría traducirse en menos consumo, más desempleo y mayor dependencia de ayudas externas.
¿Una jugada política o una medida sostenible?
Para algunos analistas, esta propuesta responde más a un discurso político electoralista que a una estrategia económica viable. Además de las posibles repercusiones económicas, hay implicaciones morales y geopolíticas: ¿debe un país como EE. UU. condicionar el sustento de millones en nombre de la seguridad fronteriza?
Lo cierto es que el debate está sobre la mesa y su aprobación o rechazo tendrá consecuencias de gran alcance. En especial para países como República Dominicana, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las remesas sostienen comunidades enteras.
(Mercado)
