El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, afirmó que el pago de indemnizaciones fruto de demandas por mala prácticas médicas podrían llevar al quiebre a las clínicas pequeñas y medianas y lacerar notablemente a las más grandes.
«Fundamentalmente, se está dando los pasos para que desaparezcan todas las clínicas pequeñas y medianas y las grandes están en ese proceso también, para que desaparezca el sector privado, afectando al sector médico en sentido general», dijo el galeno.
«Eso conlleva a que, si desaparece el sector médico privado, va a parar en un monopolio. El dueño del capital financiero, no solamente privado, sino público, va a determinar, a decir lo que se haga y hay que someterse a eso», destacó.
Mena entiende que esta situación de las demandas en los tribunales afecta «la medicina general, porque las decisiones sobre medicamentos, de las soluciones, dependen de esa concentración del capital«.
Recordó que es importante poner en práctica la Ley de Salud 87-01, que, a su juicio, «no han cumplido porque la inflaciónde salud iba a ser indexada de acuerdo a la inflación en el país. El Banco Central de la República Dominicana dijo que la inflaciónen salud es de 109 %. ¿Alguna vez se ha hecho eso? ¡No! No se ha hecho nunca. Económicamente, eso se va a extrapolar».
Demandas siguen aflorando
La sentencia de 10 millones de pesos que el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora debe pagar al paciente Félix Julián Encarnación Féliz, luego de que en 2018 le fuera amputada su pierna derecha tras contraer una bacteria luego de haber sido operado en dicho centro sanitario cuando sufrió un accidente de tránsito en Baní, abrió la estela para que se conozcan otros casos que se debatieron en la justicia dominicana.
Julio Landrón, director del Ney Arias, admitió que cuando asumió la gerencia del hospital ya había otras demandas en curso en los tribunales.
Otro aspecto importante es que estas demandas son parte de un largo proceso, que suelen tomarse hasta cinco años entre audiencias y reenvíos hasta que se conoce finalmente la condena.
Además de la sentencia del Ney, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó el pasado 23 de febrero al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat) al pago de una indemnizaciónde 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y su hija Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, por el fallecimiento de Paula Antonia Rodríguez Morales, esposa y madre de los citados.
La sentencia afirma que Paula Antonia falleció a causa de múltiples infecciones tras contraer las bacterias «Enterobacter Cloacae Complex» y «Klebsiella K. Blee», posterior a la operación que le fue realizada por el doctor de Cedimat, Giovanni Ureña, el 13 de marzo del año 2015, quien no le habría prescrito antibióticos, juzgándolo por «mala práctica médica en su tratamiento».
Indemnización
Inicialmente, la familia Vargas Rodríguez solicitó el pago de una indemnización por 20 millones de pesos y acusó a la clínica de retención de cadáver si no saldaban la cuenta de 1.8 millones de pesos que hizo el internamiento de Paula Antonia en Cuidados Intensivos.
Además de la sentencia del Ney, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó el pasado 23 de febrero al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat) al pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y su hija Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, por el fallecimiento de Paula Antonia Rodríguez Morales, esposa y madre de los citados.
La sentencia afirma que Paula Antonia falleció a causa de múltiples infecciones tras contraer las bacterias «Enterobacter Cloacae Complex» y «Klebsiella K. Blee», posterior a la operación que le fue realizada por el doctor de Cedimat, Giovanni Ureña, el 13 de marzo del año 2015, quien no le habría prescrito antibióticos, juzgándolo por «mala práctica médica en su tratamiento».
Inicialmente, la familia Vargas Rodríguez solicitó el pago de una indemnización por 20 millones de pesos y acusó a la clínica de retención de cadáver si no saldaban la cuenta de 1.8 millones de pesos que hizo el internamiento de Paula Antonia en Cuidados Intensivos.
Diario Libre
