Santo Domingo.- Luego de que la Cámara de Diputados acelerara la extensión del contrato de concesión, renovado y reformado, que firmó el gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) para extender el vínculo de administración de siete aeropuertos en territorio nacional, el candidato a la presidencia del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dijo que la extensión del contrato se realizó con siete años de anticipación a su fecha de terminación y que se realizó una maniobra maliciosa.
Fernández expresó en su red social X, anteriormente Twitter, su indignación debido a que el informe de la comisión especial de esa compañía se aprobó en ausencia de la oposición.
Además, expuso que la extensión del contrato se realizó con siete años de anticipación a su fecha de terminación, por un período adicional de 30 años, que se extenderá hasta el 2060. De esa manera, AERODOM, tendrá el control de los seis aeropuertos propiedad del Estado dominicano, por los próximos 37 años.
“Esa es una afirmación equivocada; y esto así porque no comprendió que el beneficio de ese tipo de contrato de concesión está con relación al programa de inversiones que se realicen en infraestructuras aeroportuarias, las cuales están en proporción a los ingresos recibidos por el gestor aeroportuario”, afirmó el expresidente.
A partir de la evaluación de las ofertas presentadas, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (AERODOM) resultó ser la entidad ganadora de esa licitación; y, por consiguiente, la que logró suscribir un contrato de concesión aeroportuaria con el Estado dominicano, por un periodo de 20 años, el cual fue posteriormente ampliado hasta llegar a 30 años.
A diferencia del proceso original de adjudicación del contrato de concesión aeroportuaria que, como acabamos de ver se hizo mediante licitación pública internacional, sin que hubiese una ley de compras y contrataciones que obligase a hacerlo, la actual renovación del contrato, sin embargo, se hizo de grado a grado.
Asimismo, indicó que “una ley macabra Para hacer eso, se realizó una maniobra maliciosa en virtud de la cual se hizo aprobar, pocos días antes del anuncio de la renegociación de la concesión, la ley 66-23, cuyo objetivo consiste en establecer un marco normativo que de manera transitoria regule la renovación y modificación de los contratos de concesión suscritos con anterioridad”.
Fernández concluyó con que los congresistas de oposición de alguna manera se imaginaron lo que se estaba urdiendo en la sombra. Por eso, con razón, pidieron más claridad sobre los detalles de la iniciativa y exigieron un listado de los contratos que serían modificados tras la ejecución de la nueva ley.
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