El país enfrenta una transformación silenciosa pero profunda en las tácticas del lavado de activos. Lo que antes se concentraba en sectores financieros o comerciales hoy al parecer se esparce hacia espacios culturales, deportivos y digitales, ámbitos que tradicionalmente se percibían como seguros y ajenos al crimen organizado.
Las advertencias de especialistas como Emerson Díaz Cabral apuntan a un fenómeno que ya no es hipotético: estructuras criminales supuestamente están utilizando conciertos, boleterías, festivales, transmisiones digitales y hasta equipos deportivos para introducir dinero ilícito bajo la apariencia de actividad legítima. La compra masiva de boletas, el patrocinio opaco, la financiación sospechosa de clubes y el uso de plataformas de streaming sin regulación robusta son señales de un modelo de crimen que se adapta con rapidez y aprovecha cada vacío institucional.
Como medio, reconocemos la gravedad de esta evolución. El país no puede permitir que sectores creados para el arte, el deporte, el entretenimiento y la creatividad se conviertan en refugio financiero de redes criminales. La falta de supervisión especializada y la lentitud legislativa abren un corredor ideal para que estos mecanismos se fortalezcan mientras las autoridades avanzan con rezago.
Respaldamos la urgencia de revisar y actualizar la Ley 155-17, ampliar los marcos regulatorios y dotar a las instituciones de más tecnologías y capacidades que respondan al presente. Combatir estas nuevas rutas del lavado no es solo una tarea policial: es una defensa directa de la cultura, la economía formal y la confianza ciudadana.
El país está a tiempo de cerrar estas grietas. Lo que se decida ahora definirá si la República Dominicana enfrenta el problema con firmeza o si permitirá que el crimen organizado siga ganando terreno donde menos se espera.
