La entrada en vigencia del Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 se produce en un momento clave para la gestión pública dominicana, marcado por una demanda creciente de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. No se trata de un ajuste técnico menor, sino de una decisión que redefine cómo el Estado contrata, gasta y administra recursos que son de todos.
La firma del Decreto 52-26 activa un marco que elimina la ambigüedad. Al no contemplar períodos de gracia informales ni interpretaciones flexibles, el mensaje es que las normas de contrataciones públicas dejan de ser discrecionales y pasan a ser obligatorias para todas las instituciones dentro del alcance de la ley.
Este paso confirma que la reforma no se concibe como un obstáculo operativo, sino como un instrumento de fortalecimiento institucional. Planificación obligatoria, competencia ordenada entre proveedores, mayor trazabilidad y controles reforzados buscan reducir la improvisación y cerrar espacios al desorden y al uso indebido de los recursos públicos. Cada contratación, a partir de ahora, está llamada a dejar rastro y responsables definidos.
Desde esta perspectiva, la Ley 47-25 se inscribe en una lógica que trasciende coyunturas políticas. Su objetivo central es consolidar reglas que no dependan del gobierno de turno, donde las instituciones sean más fuertes que las personas y el interés general prevalezca sobre conveniencias particulares. Esa es la base de cualquier sistema que aspire a credibilidad y confianza pública.
La implementación gradual y acompañada, con procesos de capacitación para servidores públicos y proveedores, será determinante para que la norma cumpla su propósito. No basta con reglas firmes; se requiere comprensión, adaptación y compromiso real de todos los actores involucrados.
Desde esta redacción, valoramos que la entrada en vigencia de este reglamento envíe una señal de madurez institucional. El desafío, como siempre, estará en la coherencia entre la norma y su aplicación sostenida en el tiempo. Porque más allá del texto legal, lo que está en juego es la calidad del Estado, la protección del dinero público y la confianza de la ciudadanía en cómo se toman las decisiones que la afectan.
