En República Dominicana hay casos que indignan, casos que sorprenden y casos que, simplemente, cansan.
Pero Cobra es otra cosa. Es un recordatorio incómodo de que, incluso en las instituciones que deberían estar más blindadas, la corrupción encontró espacio para morder. Estamos hablando de Senasa, la aseguradora pública que sostiene la salud de millones de dominicanos, especialmente de los que menos tienen.
Y eso cambia todo. La corrupción aquí no fue en un contrato de asfalto, ni en una compra sobrevaluada de sillas. Fue en la salud. En la receta, en la autorización, en el archivo, en el expediente que dice si un paciente recibe cobertura o no.
Cuando el Ministerio Público bautizó este expediente como Operación Cobra, no exageró. La mordida fue profunda, estructural y silenciosa. Según la investigación, hubo comités paralelos, estados financieros alterados, sobornos disfrazados, empresas que facturaron servicios inexistentes. Incluso, casos tan absurdos que rayan en lo grotesco: consultas ginecológicas facturadas a hombres.
Si no fuera trágico, sería un sketch. Y mientras todo eso pasaba, el país hacía fila en las emergencias. Pero aquí entra un elemento clave que cambia el tono de este momento: la posición del presidente Luis Abinader.
El mandatario no solo dijo que “no hay espacio para la corrupción ni la impunidad”. Fue más allá:
* Ordenó que Senasa se constituya como actor civil para recuperar cada peso desviado.
* Remitió el informe interno al Ministerio Público, sin filtro y sin matices.
* Y subrayó, una vez más, que las investigaciones se hacen con independencia, sin agenda política desde el Ejecutivo.
Abinader dejó el mensaje claro: este caso no se barre debajo de la alfombra. Le toca ahora a la justicia demostrar que las palabras institucionales se convierten en hechos. Sin embargo, más allá de esta postura, el país enfrenta una pregunta más grande:
¿Cómo es posible que un fraude de este tamaño haya caminado tanto tiempo dentro de una institución tan crítica?
Porque una cosa es la corrupción. Otra es la cultura que la permite. Cobra no solo expuso delincuencia administrativa; expuso un sistema donde demasiadas personas creen que el Estado es una nevera abierta, que lo público es un botín y que la salud es un negocio con margen.
Y ahí, seamos sinceros, el problema no es un grupo de imputados. El problema es un modelo. Por eso, este caso no puede convertirse en un episodio más del ciclo dominicano: operativo, titulares, coerción, aplazamientos, silencio. No.
Cobra debe marcar un antes y un después. Porque cuando se roban la salud, no se roban dinero. Se roban tiempo de vida, oportunidades, tratamientos, tranquilidad. Se roban país. Si algo deja claro este caso es que la transparencia necesita más que discursos.
Necesita sistemas, controles, auditorías vivas y consecuencias reales. La mordida ya ocurrió. Lo que está en juego ahora es si esta vez el país aprende, o simplemente pasa la página esperando la próxima operación con nombre de animal.
La ciudadanía está mirando. Y esta vez, con menos paciencia que nunca.
