Santo Domingo. – El caso Cobra no cerró capítulo. Al contrario, está cogiendo más fuerza. El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público prepara la versión 2.0, con nuevos nombres y empresas señaladas por el fraude millonario contra SeNaSa.
La investigación sigue viva
Camacho aseguró que el caso no termina con los diez imputados actuales. La pesquisa sigue rodando y apunta más lejos. El objetivo, dijo, es llevar a todos los involucrados ante la justicia y proteger cada peso que salió mal del erario.
El Ministerio Público acusa al entramado de alterar estados financieros de Senasa, una maniobra que, según la investigación, abrió la puerta al desfalco. Para los fiscales, no fue un error técnico, fue una jugada calculada.
Una decisión que marca época
El anuncio llegó tras una audiencia que dejó huellas. Camacho calificó la imposición de coerción como histórica, asegurando que refuerza la independencia del Ministerio Público y manda un mensaje directo de que nadie está por encima de la ley.
“Vamos a hacer todo lo necesario para que respondan ante los tribunales y presentar la versión 2.0 en el menor tiempo posible”, soltó Camacho, sin rodeos y con tono de advertencia.
Prisión y arresto: el golpe judicial
El juez Rigoberto Sena Ferreras validó la investigación y habló duro. Definió los hechos como crueles, muy graves y cercanos a una “locura colectiva”, señalando que el caso traicionó el mandato de transparencia del Estado.
Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a siete imputados. Los otros tres cumplirán arresto domiciliario, con restricciones adicionales.
