¿Te imaginas que hasta tus tuits puedan ser regulados por el Estado? Pues eso ya está sobre la mesa. El presidente Luis Abinader acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley que pretende actualizar cómo ejercemos la libertad de expresión en República Dominicana.
La propuesta abarca medios tradicionales como prensa, radio y televisión, pero también redes sociales, plataformas digitales y hasta los espectáculos públicos. Esto para proteger derechos fundamentales como:
- La libertad de expresión
- El periodismo independiente
- El acceso a la información pública
Y para que esto no quede solo en palabras, el gobierno quiere crear un nuevo organismo: el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que será el guardián de estas normas.
¿Quién escribió esta ley?
No fue obra de una sola pluma. El borrador fue trabajado desde 2022 por una comisión con periodistas como Edith Febles, Huchi Lora e Inés Aizpún, junto al jurista Namphi Rodríguez. El gobierno asegura que la ley se inspira en estándares internacionales. Pero ya sabes cómo es: el diablo está en los detalles.
Órgano regulador: El INACOM
El proyecto propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) como entidad encargada de supervisar la aplicación de la ley. Este organismo será autónomo en términos administrativos y financieros, con la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión e información, y definir las políticas públicas necesarias.
El INACOM también tiene la tarea de regular las plataformas digitales comerciales que moderen contenidos de terceros, y de asegurar que no haya abusos ni violaciones a los derechos establecidos en la ley.
Derecho a la libertad sin abuso de controles (Capítulo II, Artículo 11)
Un punto importante de la ley es que establece que las presiones para controlar a los periodistas y medios de comunicación son incompatibles con la libertad de expresión. Esta norma deja claro que los periodistas tienen derecho a realizar su labor de manera independiente y sin interferencias, ya sea del Estado o de grupos privados.
Además, se asegura que no habrá restricciones arbitrarias en la asignación de frecuencias de radio o televisión, ni en el acceso a Internet, lo que podría limitar la libertad de información.
Garantías para el ejercicio periodístico: Se protege el secreto profesional, el acceso a fuentes y la seguridad de los periodistas, además de prohibir la censura previa.
Las sanciones a los infractores
La ley especifica un régimen de sanciones para los medios y plataformas digitales que no cumplan con lo que establece. Entre las infracciones graves se incluyen:
- Limitar la libertad de expresión o el acceso a la información.
- Difundir contenidos de radio y televisión suspendidos o cancelados previamente.
- Incumplir con los requerimientos de información pública en casos de emergencia.
Sanciones pueden ser severas: multas que van desde 30 hasta 200 salarios mínimos del sector público, y la suspensión de transmisión por hasta 90 días. Y si la infracción es leve, se impondrán multas menores o un llamado de atención.
Plataformas de contenido en Internet: Responsabilidades claras
La ley establece que las plataformas de contenido en Internet que tengan más del 10 % de usuarios en el país también deberán cumplir con estas regulaciones. Deberán identificar claramente los anuncios publicitarios y la propaganda electoral. Además, serán responsables solo si no toman medidas luego de una notificación judicial sobre contenidos infractores.
Protección de menores y adolescentes
Uno de los puntos más sensibles de la ley es la protección de menores de edad. Se prohíbe la publicación de información que identifique a niños y adolescentes involucrados en hechos judiciales o delictivos. Esto incluye sus imágenes, nombres, direcciones y cualquier dato que pueda afectar su desarrollo o reputación.
Excepcionalmente, su imagen solo podrá ser difundida en casos donde estén involucrados en hechos como secuestros, y siempre bajo la supervisión de las autoridades.
La propuesta ya fue entregada al Congreso. Ahora toca el debate legislativo para definir si esta ley llega para proteger la libertad de expresión o para ponerle límites.
¿Qué opinan los sectores?
Mientras instituciones como la Sociedad Dominicana de Diarios y la Finjus ven la propuesta como un avance clave en materia de comunicación, otros sectores alertan sobre posibles excesos en la regulación. Plantean la necesidad de encontrar un punto medio entre proteger la libertad de expresión y establecer responsabilidades claras.
(Diario Libre, El Día, Hoy)
