Más de 200 mil retornos RD en solo seis meses
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la Dirección General de Migración (DGM) ha repatriado a más de 180,000 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en República Dominicana. A esa cifra se suman al menos 58,642 personas que han optado por regresar a su país de forma voluntaria, en medio del contexto de crisis que vive Haití.
Repatriaciones masivas y su costo humano
El aumento de las repatriaciones responde al plan ampliado de contención migratoria activado por el Gobierno dominicano en octubre pasado. Esta estrategia incluye operativos de interdicción, detenciones y deportaciones, principalmente de ciudadanos haitianos sin documentos.
Según datos oficiales, en octubre se repatriaron 40,223 personas; en noviembre, 28,703; en diciembre, 25,085; en enero, 31,213; en febrero, 26,659; y en marzo, 28,534, para un total de 180,417 deportaciones en seis meses.
Migración asegura que los procedimientos se realizan conforme a los protocolos establecidos, con uso de tecnología biométrica y depuración individual de cada caso. Sin embargo, diversas organizaciones locales e internacionales han denunciado que algunas repatriaciones se realizan de forma arbitraria, sin debido proceso y en condiciones que podrían constituir tratos indignos.
El “retorno voluntario” que no siempre lo es
Además de las deportaciones, miles de haitianos han abandonado el país por decisión propia. De acuerdo con la DGM, más de 58,000 ciudadanos han regresado voluntariamente a Haití desde que se intensificaron los controles migratorios.
Uno de los mecanismos que ha facilitado estos regresos son las llamadas «caravanas humanitarias», organizadas por el Gobierno haitiano con el apoyo logístico de las autoridades dominicanas y de la embajada de Haití. En ellas, se permite a los migrantes viajar con sus pertenencias y junto a sus familias.
La más reciente de estas caravanas —la cuarta desde que comenzó el programa— trasladó a unas 600 personas desde centros de acogida ubicados en Verón-Punta Cana, Higüey y La Romana. El viaje se realizó en autobuses y remolques, y el cruce hacia Haití se efectuó por las fronteras de Dajabón, Pedernales y Elías Piña.
Aunque estos retornos se clasifican como voluntarios, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado qué tan libre es la decisión cuando las alternativas son ser detenido, deportado o vivir bajo constante temor a una redada.
Los ciudadanos haitianos que retornan lo hacen hacia un país sumido en una crisis profunda. Haití atraviesa una grave situación humanitaria marcada por la inseguridad, el colapso de sus instituciones, la escasez de alimentos, servicios básicos y una economía paralizada.
Aunque recientemente se conformó un Consejo Presidencial de Transición para comenzar a restablecer el orden institucional, las condiciones actuales siguen siendo precarias. Por eso, algunos expertos consideran que el país no está en capacidad de recibir adecuadamente a quienes regresan, especialmente si lo hacen en grandes volúmenes y en corto tiempo.
¿Cuál es el enfoque oficial?
El Gobierno dominicano sostiene que su política migratoria se basa en el cumplimiento de las leyes nacionales y la necesidad de garantizar el orden interno. En ese sentido, ha insistido en que todo extranjero en situación irregular está sujeto a deportación conforme a los procedimientos legales.
Por su parte, organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional han reiterado que las repatriaciones deben ejecutarse con estricto respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución, especialmente en contextos donde la vida o la integridad de los migrantes podría estar en riesgo.
