Santo Domingo.- El expediente por el supuesto fraude de RD$15 mil millones en Senasa regresará mañana a la sala, luego de que el juez Rigoberto Sena diera un respiro para que los abogados organicen su defensa y vuelvan el jueves a las 2:00 p. m.
El caso incluye a Santiago Hazim y a otros nueve acusados de mover millones del seguro estatal, un esquema que el Ministerio Público calificó como su investigación más grave en materia de corrupción hasta ahora.
La defensa avanza sus líneas
El abogado Carlos Balcácer insistió que la discusión debe manejarse con seriedad y que el Ministerio Público no puede “disparar acusaciones alegres”. Subrayó que no ve lavado de activos ni estafa dentro del expediente de su cliente.
Balcácer asegura que varios de los implicados ni siquiera manejaron fondos de Senasa, y que demostrarán que sus nombres entraron en el expediente sin base sólida ni pruebas que sostengan esos delitos.
La acusación sube el tono
A la salida del tribunal, Mirna Ortiz, de la Pepca, reiteró que la Operación Cobra representa un ataque directo al derecho fundamental a la salud, porque el dinero “se sacó de los más pobres, los que dependen del seguro público para sobrevivir”.
Ortiz afirmó que el Ministerio Público tiene testimonios, documentos y trazas completas del esquema y que, en la audiencia de coerción, mostrarán cómo cada imputado encajó dentro del entramado.
El MP pide 18 meses de prisión preventiva para Hazim Albainy y los demás acusados, a quienes señala por sobornos, estafa al Estado, coalición de funcionarios, falsificación y lavado de activos.
Cómo funcionaba el entramado
La investigación señala que Hazim movía el engranaje con dos asistentes que llegaban a reuniones con listas “ya decididas”, donde aparecían prestadores supuestamente beneficiados por “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.
Los fiscales explicaron que el exdirector creó un Comité de Contrataciones Médicas sin base legal para modificar el proceso de aprobación de prestadores y empujar contratos a personas sin requisitos técnicos.
En esa estructura entraban colaboradores de confianza como Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez, quienes, según el expediente, respondían directamente a las órdenes del exfuncionario.
Roles que levantan sospechas
El consultor jurídico Germán Robles manejaba, según los fiscales, el poder de decisión final, presionando la aprobación de prestadores seleccionados y moviendo contratos fuera del protocolo.
Francisco Iván Minaya, gerente de salud, dirigía reuniones y validaba acuerdos que ya llegaban “amarrados”, mientras que Roberto Canaán empujaba habilitaciones sin infraestructura suficiente.
La gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, firmaba actas que recogían decisiones previamente acordadas y servían como respaldo “legal” del equipo interno.
