La justicia de República Dominicana inició este martes el análisis de un pedido de Honduras para extraditar a un estadounidense detenido en Santo Domingo y acusado de un triple feminicidio en el país centroamericano.
Gilbert Reyes, arrestado a finales de marzo, es el principal sospechoso del asesinato de María Antonia Cruz, Nikendra McCoy y Dione Solórzano en la isla de Roatán, en el norte de Honduras.
«Esperamos que la extradición sea concedida y que él sea debidamente juzgado en Honduras, de acuerdo, por supuesto, a las leyes nuestras y al debido proceso», dijo a periodistas la embajadora de Honduras en Santo Domingo, Sonia Cruz de Aspra.
La vista para decidir sobre la extradición, no obstante, fue pospuesta para el 29 de mayo debido a que Reyes no contaba con un traductor español-inglés.
«Si el idioma de él es el inglés y tiene dificultades para entender el español, lo correcto es que, como en la primera audiencia, se le ponga un intérprete», declaró su abogado, Juan Ramón Báez. «Esperemos que para la próxima audiencia él cuente con ese intérprete».
Reyes fue trasladado a los tribunales con un casco y un chaleco antibalas, escoltado por agentes policiales con armas largas.
El Ministerio Público hondureño informó que se le acusa de «feminicidio agravado y asesinato».
Según la fiscalía hondureña, Reyes «huyó (el 7 de enero) con destino a Estados Unidos y posteriormente a República Dominicana», lo que las autoridades consideraron «una clara muestra de culpabilidad».
Las víctimas, de acuerdo con familiares, habían salido con el acusado el 6 de enero. Al día siguiente, el hombre salió del país y las mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Tres días después aparecieron muertas en un vehículo. Sus cuerpos tenían varios impactos de bala.
El estadounidense vivía en California y realizaba viajes a la isla de Roatán con alguna frecuencia.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, país de 10 millones de habitantes, registró 380 feminicidios en 2023 frente a 308 en 2022. El 95% quedan impunes, dijo a la AFP su directora, Migdonia Ayestas.
