Santo Domingo.– El coronel Pedro Julio Goico Guerrero denunció hoy el incumplimiento de las decisiones del Tribunal Superior Administrativo de hace más de un año notificó al Poder Ejecutivo la solicitud de ejecución de sentencia para su reintegro con su rango y ascendido a general y a la fecha ni han respondido.
La solicitud de la ejecución de la sentencia fue hecha en una comunicación dirigida al presidente Luis Abinader, en fecha 9 de febrero del 2022, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta, quien recientemente alegó en una entrevista que desconocía el caso.
La petición de reintegro fue hecha al mandatario porque ningún cuerpo castrense reintegra a un militar sino es dispuesto por el presidente de la República.
La solicitud fue hecha el 9 de febrero del 2022, a las 9:25 de la mañana y fue recibida en el departamento de correspondencia de la Presidencia de la República, según el sello de acuse de recibo de la comunicación.
El reintegro fue dispuesto mediante la sentencia número 0030-04-2021-SSEN-00540 dictada en fecha 12 de octubre del 2021 por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo que ya adquirió la cosa irrevocablemente juzgada y donde se dispone además al pago de los salarios dejado de percibir.
La decisión fue adoptada mediante el conocimiento de un recurso de amparo constitucional donde se ordena al Ministerio de Defensa y a su ministro Carlos Luciano Díaz Morfa el reintegro por los jueces Luisa N. del Carmen Canaán P., presidenta; Dilcia María Rosario Almonte y Jeny del C. Rodríguez Lora.
El reintegro cuenta con la opinión favorable de la Comandancia General del Ejército en la persona del mayor general Julio E. Florián Pérez.
El pasado viernes el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, advirtió que los desacatos a las sentencias constituyen un flagrante atentado a la independencia del superior órgano jurisdiccional en materia de garantías constitucionales.
Aseguró que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias. Consideró que estos hechos deben ser condenados.
Dijo que la justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación.
