El Ministerio Público establece que los empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República: Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes y Rubén Darío Morbán Santana aprovecharon el acceso que tenían a la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes para eliminar y adulterar registros penales.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, fiscales, policías, empleados administrativos y de Migración de diferentes localidades del país eran los enlaces entre los interesados en desaparecer su pasado judicial y los borradores de fichas, quienes cobraban entre 8 y 30 mil pesos por el servicio ilícito.
Según el organismo de persecución, para maniobrar la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes editaban en la tabla Personas, el registro persona-documento, suprimiéndole dígitos a la cédula o agregándole otros, de tal manera que cuando se consultara el sistema que ofrece el servicio al ciudadano (Backoffice) y el Sistema de Inteligencia Criminal (SIC) con la cédula correcta no aparecieran sus registros penales.
Con esta práctica, el Ministerio Público detectó 8,406 registros de identidad con 12 dígitos y 8,552 con 10 dígitos para un total de 16,958 alteraciones de documento, donde el primer grupo repitió el último dígito.
«Si se modifica el campo ‘persona-documento’ de la tabla de Personas de la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes (Sicemp), no se podrían visualizar los datos de las personas que contengan casos registrados a partir de consultas con sus números de cédula de identidad… afectando en cadena a todos los demás aplicativos que utilizan la base de datos Sicemp como fuente de consulta», cita el expediente.
