El 7 de agosto de 2025 se promulgó la Ley 82-25, una norma que viene a dar un nuevo impulso al Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado. Su meta es modernizar y agilizar el marco legal para que más familias puedan obtener un título de propiedad seguro, sin enredos burocráticos. Con esta ley, el Estado busca garantizar que quienes acceden a tierras a través del plan cuenten con plena seguridad jurídica y puedan administrar su patrimonio con mayor libertad y confianza.
Puntos importantes de la Ley
• Eliminación de la condición de “bien de familia”
Los inmuebles titulados bajo Nacional de Titulación dejarán de estar sujetos a la figura del bien de familia, lo que elimina el impedimento para su libre disposición, como la venta o el uso como garantía.
• Acceso al crédito formal
Al poder disponer libremente de estos inmuebles, las familias podrán acceder más fácilmente a títulos como garantía, lo que les facilita obtener crédito formal en condiciones más favorables.
• Seguridad jurídica para la vivienda
La ley garantizará que la vivienda familiar no pueda ser embargada ni vendida contra la voluntad de los beneficiarios, ofreciendo una protección sustancial para las familias.
• Excepciones para construcciones financiadas por el Estado
Se mantiene la protección (es decir, imposibilidad de embargar o vender) en los casos de inmuebles que fueron construidos con fondos públicos.
• Uniformidad de criterios y procedimientos
La normativa busca unificar criterios y procedimientos, eliminando trabas innecesarias y ofreciendo más claridad y seguridad jurídica en la titulación de tierras estatales.
La Ley 82-25 marca un paso decisivo en la política de titulación de terrenos en la República Dominicana. En otras palabras, se trata de una norma que combina flexibilidad económica con resguardo social, buscando un equilibrio entre el crecimiento y la seguridad patrimonial.
