El Ministerio Público respondió este lunes en la primera fallida audiencia de la preliminar del caso Calamar que es por ley «quien decide a quien acusa» y que «jamás» podrán obligarlo a someter a personas que entiende no deben ser parte de un expediente luego de ser investigadas.
La respuesta fue dada por la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, a las defensas de las familias querellantes que piden se incluida a más gente en el caso de corrupción.
«Jamás podrán obligar al órgano responsable de de investigar y acusar a presentar una acusación a unas personas que ese órgano acusador luego de haber investigado estima que no es menester acusar en este momento», dijo Ortiz, quien aclaró que la Constitución y el Código Procesal penal lo faculta para eso.
Al respecto, el abogado Francisco García, representante de la familia Gatón y una de las estafadas por la red, admitió que «ese es un derecho que ellos (el Ministerio Público) tienen y los querellantes también», razón por la que harán una «acusación alternativa».
Sostuvo que en el caso de la familia Gatón tienen «alrededor de 12 personas y tres empresas» que someterán y que deberán ser incluidas finalmente en el expediente que encabezan los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
García dijo que algunas defensas que representan a las familias Reyes, De la Rosa y Mota entienden «que hay otros ciudadanos y empresas que deben ser incluidas en el proceso penal.
«Cuando presentemos la acusación es evidente que esos ciudadanos y esas empresas tendrán que sentarse en el barquillo de los acusados porque forman parte del fraude, de la trama criminal», aseguró el togado.
La coordinadora de Litigación de la Pepca afirmó que los querellantes «no pueden pretender» que «los complazca y presente acusación a cuantas personas ellos entienden que hay que someter».
Aplazan audiencia para el 26 de agosto
Este lunes 17 de junio se produjo la primera audiencia fallida del caso de corrupción que, según el Ministerio Público, se defraudó al Estado con la declaración de utilidad pública y el pago irregular de terrenos en zonas exclusivas como en el malecón de Santo Domingo, cercanos al aeropuerto Internacional de las Américas y en la Región Este.
La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, acogió una petición de algunas de las partes de que se prorrogara porque no se les había notificado la acusación y algunos acusados no asistieron porque no se le citaron.
Abogados, como Ingrid Hidalgo, solicitaron cuatro meses, a lo que se opuso el Ministerio Público y la magistrada decidió que «resulta desproporcionar» ese el plazo.
