SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte.
Por el privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional en su condición de diputada, su proceso se conocerá en la Suprema Corte de Justicia, por el juez Napoleón Estévez Lavandier, quien fungirá como Juez de la Instrucción Especial.
Pilarte fue identificada como integrante de la red que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado de dirigir dicha organización criminal.
Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dine
La diputada Pilarte López figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.
La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette, e Inmobiliaria Gloria Ivette. De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
Por participar en la red permanece prófugo el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.
Los fiscales sostienen que la organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de RD$2,000 millones, información corroborada por los movimientos económicos en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas.
El 2 de marzo de 2019 a la organización se le ocuparon 111,722 pastillas de éxtasis.
A López Florencio se le imputa la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa materia, la 72-02. El grupo infringió, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.
La acusación contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para probar la culpabilidad de los implicados en el caso.
En el proceso de investigación se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.
