El Vaticano volvió a mandar a sus expertos investigadores para indagar en los casos de abusos en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica.
Esta vez a Perú, donde el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu deberán investigar a la congregación Sodalicio de Vida Cristiana, acusada desde hace años de abusos sexuales, físicos y psicológicos.
En un comunicado divulgado el sábado, la Conferencia Episcopal Peruana saludó la llegada de Bertomeu y Scicluna, ambos integrantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y expertos en delitos de abuso, para «investigar, escuchar y presentar un informe» sobre las denuncias contra la congregación.
Un informe «justo y objetivo»
«Me parece excelente que se investigue a profundidad este asunto, que se escuche a las personas involucradas y estoy seguro que el informe será justo y objetivo para bien de todos», expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos.
Cabrejos se reunirá con los enviados del papa Francisco este miércoles en la sede de la Nunciatura Apostólica.
Bertomeu y Scicluna cuentan con una dilatada trayectoria. En 2023, visitaron Paraguay y Bolivia para investigar denuncias por pederastia y abuso sexuales que pesan sobre sacerdotes de esas naciones.
«Mitad monjes, mitad soldados»
El caso Sodalicio estalló en 2015 gracias a las revelaciones de los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz. En su libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, recogen los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos presuntamente por integrantes de esa congregación católica.
En enero de 2018, el Vaticano anunció la intervención del Sodalicio. Un mes antes, la Fiscalía peruana pidió prisión preventiva para varios miembros y exmiembros de la organización, entre ellos Figari.
Sodalicio hizo una investigación interna e identificó a varios agresores, que fueron retirados de la organización. Su informe concluyó que al menos 36 personas, 19 de ellas menores, fueron presuntamente víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2002 por parte de miembros de la organización.
La principal fuente de reclutamiento de la congregación eran adolescentes de colegios privados de clase alta a los que se llevaba a vivir en comunidad como ‘soldados de Cristo’.
En la denuncia original, los querellantes sostienen que en realidad se trataba de una organización de fachada para cometer secuestro y abusos físicos y sexuales.
