Planea incesante sobre República Dominicana la asechanza de individuos que a lo interno o desde fuera tratan de penetrar con ilegalidad a sistemas computacionales y la frecuencia con la que lo han logrado enciende alarmas. Cobra prioridad en la agenda nacional rodear de seguridad en la mayor medida posible los ámbitos de la informática a nivel público y privado.
En un lapso de dos años 18 entidades del Estado fueron hackeadas con propósitos de extorsión mediante exigencia de pagos elevados para cesar el secuestro de archivos digitales, como ocurrió con el Instituto Agrario Dominicano, acción delictiva que tuvo como blanco la documentación clave para sus operaciones de la cual pudo librarse aunque los secuestradores escaparan de la persecución hacia las sombras que les permiten actuar con impunidad.
Los riesgos por lo general altos en los que están entes nacionales de todo género, colocados en las modernidades electrónicas hoy imprescindibles, toman dimensión a partir de un hecho que parece inevitable: los progresos tecnológicos llegan continuos a las manos siniestras de piratas cibernéticos que utilizan programas que les confieren capacidad de permanecer ocultos en los equipos de sus víctimas durante meses mientras sustraen datos valiosos y ejecutan acciones destructivas sobre informaciones valiosas. Prima la vulnerabilidad a correos de origen desconocido convertidos en caballos de Troya animados a traición.
Hace poco más de un año, la oficina de tecnologías de la información del gobierno comunicó un ataque cibernético simultáneo sobre varios portales oficiales, embestida atribuida al grupo de hackers denominado Hunter Bajwa Palistçan. La agresión fue mitigada por la entidad y atribuida en principio a la falta de vigilancia y dirigida a generar confusión modificando la apariencia de los portales con desprestigio para las autoridades.
En vísperas de que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) emprendiera las labores del censo nacional cuyos resultados preliminares acaba de dar a conocer, la entidad fue objeto de un hackeo parcial a su estructura operacional, lo que no acarreó mayores daños por un previo trabajo de bloqueo; pero medios de inteligencia estatal, incluida la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), tardaron 15 días en recuperar información capturada por los piratas que exigían el pago de un rescate que no lograron.
Considerado como un impactante caso de la historia reciente, la administración del presidente Luis Abinader fue “saludada” en diciembre de 2020 por ciberinvasores que lograron secuestrar tres servidores físicos, 52 virtuales y 23 estaciones de trabajo de la Dirección General de Presupuesto, ponen en peligro el conocimiento congresual del programa nacional de gastos e inversiones para el año siguiente.
Antes de que lograran apoderarse del más importante registro de movimientos de recursos públicos ocurrieron tres intentos remotos y fallidos de acceder a los archivos.
En la cronología del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) aparece al menos un accionar de piratas del ciberespacio que afectó el sistema de control de dominio sobre las emisiones a nivel nacional de señales radioeléctricas.
En esa ocasión, unas 170 estaciones radiodifusoras fueron imposibilitadas de recibir el acceso de usuarios. Cundía alarma entonces porque los intentos de secuestro de informaciones oficiales provenían de direcciones electrónicas rusas y chinas.
Manipuladores que operaron desde el poder de Vladimir Putin llevaron a cabo una exitosa injerencia en las elecciones de Estados Unidos que derivaron en un controversial triunfo de Donald Trump.
Urnas vulnerables
La detección de problemas técnicos en más de la mitad de los equipos que registraban el voto automatizado que en 2020 puso fin al predominio morado sobre el Estado, hizo emerger una crisis de confianza en el sistema electoral dominicano, demostrándose una vez más que cualquier mecanismo basado en ordenadores se expone a adulteraciones internas o remotas.
La suspensión de la consulta comicial de orden municipal, decidida a pocas horas de abiertos los colegios electorales, no tuvo precedente.
Las irregularidades que abortaron el proceso en una parte importante del circuito de urnas comenzaron desde la noche previa al 16 de febrero detectándose que las boletas de las correspondientes candidaturas en algunas demarcaciones “no cargaban de manera completa” llegándose a afirmar, en el comienzo de graves denuncias, que técnicos de la propia Junta Central Electoral (JCE) habían manipulado los equipos sin estar presentes los delegados de los partidos políticos.
Frágiles democracias
En un diagnóstico posterior a lo alarmantemente ocurrido, la especialista en calidad de evaluaciones, Dayana Crespo Vargas, llegó a la conclusión de que lo acontecido en el país resultaba una muestra de “la fragilidad de las democracias modernas”.
Y dijo más: “Prolongar el escenario político que se dibujó el 16 de febrero sin una respuesta debidamente consensuada, con unas elecciones generales tan próxima (las presidenciales de poco después) podría afectar la legitimidad de la democracia dominicana”.
Crespo cuestionó la forma en la que fue detenida la jornada de sufragios y puso de relieve que la anulación de comicios tiene que ser de efecto retroactivo, tras el cierre de urnas (y no a mitad de camino).
Dio a entender en su análisis que los votos ejercidos hasta la hora de la abrupta parada debieron seguir siendo válidos hasta, al menos, el momento de agotar el procedimiento correspondiente. Para la analistas, lo que quedaba claro es que en esa crisis el gran perdedor fue el pueblo dominicano.
