Expertos constitucionalistas de Bolivia, Colombia, y República Dominicana concuerdan en que la Inteligencia Artificial (IA) es el futuro del sistema judicial, especialmente en el ámbito constitucional. Paul Enriquez Franco Zamora, presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia; Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC); y Namphi Rodriguez, jurista constitucionalista y secretario general del capítulo dominicano de la AMJC, compartieron sus perspectivas en un evento organizado por Listín Diario.
Entre las ventajas de aplicar IA en la justicia constitucional, destacan el descongestionamiento de los tribunales, eliminación de la mora, simplificación de procesos, ahorro de tiempo y optimización de recursos humanos. Sin embargo, también reconocen riesgos similares a la inteligencia humana, como la suplantación de identidad, estafas, manipulación de información y violaciones de derechos.
Velandia Canosa señala que la IA es una herramienta crucial en el ámbito judicial y destaca la necesidad de que abogados y jueces comprendan su utilidad. Considera que estamos en un período de concientización y que la IA, creada por humanos, es el futuro inevitable. Destaca el papel del ChatGPT como ejemplo de la accesibilidad de la IA.
Namphi Rodríguez destaca la capacidad de la IA para localizar información relevante y apoyar la toma de decisiones en el ámbito legal. Menciona que los sistemas de IA pueden aprender a revisar contratos eficientemente y proporcionar recomendaciones a clientes.
El magistrado Paul Enriquez Franco Zamora resalta que la IA busca simplificar y reducir el tiempo de trabajo en el sistema judicial. Destaca la aceleración de la transformación digital después de la pandemia de Covid-19 y la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías.
En cuanto a la posibilidad de que la IA juzgue y valore pruebas en un proceso penal, Franco Zamora considera que es un proceso progresivo que debe abordarse paso a paso. Velandia Canosa subraya que, por ahora, la IA es un mecanismo y no un juez, requiriendo validación legal y reformas jurídicas para su implementación.
En conclusión, los expertos abogan por la integración gradual de la IA en el sistema judicial, reconociendo su potencial para mejorar la eficiencia y la transparencia, pero instando a la precaución y la validación legal.
