Santo Domingo.- El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias informó que la detección del exprocurador General de la República Jean Alain Rodríguez fue arbitraria.
El informe legal señala que la privación de libertad del exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ha sido arbitraria, por lo que ha pedido su libertad incondicional.
Así lo dieron a conocer la barra de la defensa de Rodríguez que la integran los abogados Gustavo Biaggi, Nely Rivas y Carlos Balcácer,.
Estos aseguraron que de no acogerse la indicada la resolución número 46-2023, emitida por la ONU, el país podría ser expulsado de ese organismo.
Biaggi, dijo que ese organismo es el más importante determinó que el arresto del ex procurador acusado de supuestamente dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020, constituyo una acción arbitraria e ilegal injustificada y violatoria a los derechos consagrados en los acuerdos y pactos internacionales.
Esto, porque Rodríguez no fue investigado de manera previa, y realizaron un allanamiento a su residencia sin informar del mismo.
Los juristas expresaron que en la resolución se evidencia y condenan las violaciones realizada en perjuicio del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que incluye la violación al libre tránsito impedido por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y del Dirección Nacional de Investigación (DNI), sin una orden judicial.
En la resolución se indica que los Estados deben respetar, proteger conforme a lo establecido en la Declaraciones Universal de los Derecho Humanos, y demás instrumentos aplicable.
Inclusive una detención debe ser sujeta a la legislación, los reglamentos y prácticas naciones.
El exprocruador, principal imputado en el entramado de corrupción denominado Medusa, acusado junto a 62 implicados de cometer actos delictivos a través del proceso de construcción y remodelación de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) durante su gestión en el período 2016-2020.
Al grupo se le conoce la audiencia preliminar ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, tras estar acusados de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
