En un movimiento significativo hacia la eficiencia gubernamental, el presidente Luis Abinader anunció este martes los Decretos 636-24, 637-24 y 640-24, que marcan el cierre de tres instituciones estatales como parte del ambicioso Plan de Modernización del Estado. Las entidades eliminadas son el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, y la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria. Estas medidas buscan eliminar redundancias, optimizar recursos y fortalecer la gestión pública
Ciencia y tecnología bajo nueva dirección
El Decreto 636-24 ordena la supresión de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, un organismo establecido en 2004. Sus responsabilidades y programas serán asumidos por el Ministerio de Educación, asegurando la continuidad de las iniciativas en curso. La Dirección General de Bienes Nacionales gestionará la transferencia de activos a dicho ministerio, mientras que las partidas presupuestarias no ejecutadas serán administradas por la Dirección General de Presupuesto. Además, el personal afectado será reubicado o indemnizado con la colaboración del Ministerio de Administración Pública.
Reestructuración en el sector portuario
La Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria también será eliminada, según el Decreto 637-24. La Autoridad Portuaria Dominicana absorberá sus funciones, unificando la gestión portuaria bajo una sola entidad para mejorar la eficiencia operativa. Los activos serán administrados y reasignados por la Dirección General de Bienes Nacionales, con el soporte en personal manejado por el Ministerio de Administración Pública.
Finalmente, el Decreto 640-24 dispone la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA). El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social asumirá sus funciones, convirtiéndose en el continuador jurídico de todos los compromisos previos de CONAPOFA. Esto incluye la administración de los activos y partidas presupuestarias, así como la reubicación e indemnización del personal implicado.
Un futuro más eficiente
Estos cambios no solo simplifican la estructura administrativa del país, sino que también prometen una mayor eficiencia en la gestión pública y una reducción de costos operativos. Al consolidar funciones y responsabilidades bajo ministerios y direcciones más grandes, el gobierno dominicano apuesta por una administración pública más ágil y capaz de responder mejor a las necesidades de la población.
Con la implementación de estos decretos, el Presidente Abinader reafirma su compromiso con una administración pública moderna y eficiente, crucial para el desarrollo sostenible de la República Dominicana.
