El presidente Abinader firmó una nueva ley que cambia por completo las reglas del juego en las compras del Estado. Ahora hay consecuencias reales —y más duras— para funcionarios y ciudadanos que intenten hacer negocios turbios.
¿Por qué es importante?
Porque por primera vez se incluyen sanciones penales que obligan a cumplir las reglas y ponen freno a la corrupción con cárcel, multas y suspensión de funciones. Es el inicio de un sistema que busca transparencia real y castigos claros.
¿Qué cambia con esta ley?
🚫 Si eres funcionario, no puedes negociar con el Estado
Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, ministros… Si tienes un cargo público, no puedes hacer contratos con el Estado. Si lo haces:
- Puedes ir preso entre 2 y 5 años
- Pagarás una multa de entre 20 y 50 salarios mínimos
- Quedarás inhabilitado por al menos 5 años para ejercer funciones públicas
🚨 Falsedad = cárcel
¿Metiste info falsa para registrarte como proveedor?
Eso ahora se paga con 1 a 3 años de prisión.
Si te interesa un contrato “de más”…
Un funcionario que use su cargo para beneficiar a alguien (o a sí mismo) en un contrato del Estado, puede caer preso hasta por 5 años.
🧑💼 ¿Eres civil y diste un soborno?
Si ofreciste dinero o dádivas para ganarte un contrato, prepárate: podrías recibir hasta 10 años de cárcel.
¿Qué más establece?
- Se crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
- La DGCP será el organismo que pone las reglas y fiscaliza
- Las instituciones públicas seguirán manejando sus procesos, pero con más controles y sanciones
