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EE.UU. solícita a Rondón y Félix Bautista por problemas con la ley anticorrupción

SANTO DOMINGO.- El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar al empresario Ángel Rondón y al senador Félix Bautista una serie de medidas que afectan su patrimonio en esa nación y que incluyen, además, la suspensión de visado para sus familiares, según un estudio hecho por la firma International Lawyers Projets (ILP, Proyecto de Abogados Internacionales).

Ese estudio fue realizado de forma empírica por ILP en asociación con Anton Moiseienko de la Universidad Nacional de Australia, acerca del impacto de las acciones que aplica EE.UU. al amparo de la ley Global Magnitsky, una legislación del 2012 que penaliza con sanciones a personas involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves, incluido el robo de dinero público.

Esta investigación del impacto de esas sanciones es la primera de su tipo en obtener detalles puntuales y sugerencias para los estamentos que tienen a su cargo formular políticas encaminadas a hacer efectivas sanciones contra la corrupción, en consonancia con el espíritu de la ley Magnitsky.

El estudio se concentró en identificar algunos de los impactos recibidos por las personas que figuran en la lista de los 20 primeros sancionados por esa ley, entre ellos el empresario Rondón y el senador Bautista con relación a los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrech para obtener la adjudicación de obras públicas en la República Dominicana.

Luego de que trascendió el escándalo y ante procesos y cuestionamientos hechos en varios países, Odebrecht reconoció que pagó en la República Dominicana 92 millones de dólares en sobornos, considerada la mayor suma desembolsada por la empresa fuera de Brasil.

Según ILP,  independientemente de los procesos judiciales y de la exposición ante la opinión pública dominicana, Bautista, Rondón y sus familiares, así como allegados y sus empresas se han visto afectados y no solo con el visado para entrar en EE.UU. por la aplicación de la Ley Global Magnitsky en sus respectivos casos.

En el estudio, sin entrar en la médula de los delitos que se les imputa, si los cometieron o no, o que si ello fue justo o injusto, ILP destaca, por ejemplo, que el senador Félix Bautista Rosario sufrió que sus activos fueran congelados y también cómo el asunto ha perjudicado a su familia.

«Su esposa era propietaria y operaba al menos dos empresas dedicadas a servicios de arquitectura y diseño de interiores, además de poseer bienes raíces en el estado Florida. Administrar estos negocios y mantener la propiedad se volvió efectivamente imposible como resultado de la decisión de EEUU», se lee en el informe de International Lawyers Projets.

«Como propietaria de una firma de arquitectura y diseño de interiores -agrega-, ella requiere asistir a varias ferias comerciales internacionales, como parte de sus servicios y para permitirse permanecer competitiva en el mercado», posibilidad que ha visto vedada.

Explica que «las relaciones bancarias son esenciales para el negocio» de la cónyuge del senador, y que las medidas aplicadas por EEUU a su esposo la afectaron, interfiriendo  «con la conducción de su negocio, en detrimento de algo que ella no se merece, como es el manejo adecuado de las propiedades en Florida, incluido el pago de impuestos y otros cargos y costos, imposibles de asumir sin acceso» al sistema bancario estadounidense.

El informe del ILP sostiene, además, que las visas estadounidenses de los dos hijos adultos de Bautista «fueron supuestamente canceladas o no renovadas».

«Vale la pena señalar –indica más adelante- que Bautista fue acusado de malversación de más de 100 millones de dólares de las arcas públicas dominicanas- que el impacto que las sanciones han tenido en su esposa e hijos ha sido presentado en litigios judiciales dirigidos a intentar invalidar las sanciones, lo que demuestra «de la manera más cruda posible» el impacto adicional de las medidas punitivas.

El ILP señala que otra de las secuelas que ha sufrido Bautista es que su visa estadounidense fue revocada y congelada una cuenta bancaria que usaba en EEUU «para pagar su crédito y cargos en dólares estadounidenses».

El ILP es unas una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales y con certificado de equivalencia de caridad pública certificada de EEUU.