Santo Domingo. – Un caso de préstamos gestionados fuera de los controles establecidos salió a la luz tras una investigación del Ministerio Público, que vincula a dos hombres en un esquema que habría movido más de 74 millones de pesos dentro de una entidad financiera.
Según las autoridades, el mecanismo consistía en aprobar créditos sin cumplir con los procesos internos requeridos, utilizando a terceros y cobrando comisiones por cada operación.
Cómo funcionaba el esquema
De acuerdo con el expediente, los implicados habrían trabajado en conjunto para gestionar préstamos de consumo sin pasar por los filtros de verificación exigidos.
El proceso incluía:
- Aprobación de créditos sin la debida evaluación
- Uso de nombres de terceros para tramitar préstamos
- Cobro de comisiones que iban entre un 8 % y un 10 % del monto aprobado
En algunos casos, los préstamos no solo se gestionaban para otras personas, sino también para beneficio directo de los involucrados.
El rol de cada implicado
Las investigaciones señalan funciones específicas dentro del esquema:
- Maikol Rafael Ventura Pineda, empleado de la entidad financiera, utilizaba su posición para autorizar los préstamos.
- Carlos Manuel Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes de los créditos.
Esta dinámica permitió que se aprobaran múltiples préstamos fuera de los controles establecidos.
Medidas impuestas por el tribunal
El juez Rigoberto Sena dictó medidas de coerción contra ambos imputados mientras avanza el proceso.
Las disposiciones incluyen:
- Garantía económica mediante aseguradora
- Impedimento de salida del país
- Presentación periódica ante el Ministerio Público
En cuanto a los montos:
- Ventura Pineda deberá presentar una garantía de RD$5 millones
- Guzmán tendrá que cumplir con una garantía de RD$3 millones
Cómo se tipifica el caso
El Ministerio Público califica estos hechos como varios delitos graves, entre ellos:
- Asociación de malhechores
- Robo asalariado
- Delitos de alta tecnología
- Lavado de activos
Estas infracciones están contempladas en el Código Penal dominicano y en leyes especiales vinculadas a crímenes tecnológicos y financieros.
