Santo Domingo – Miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) la injerencia del gobierno central en las elecciones del gremio en un intento de influenciar en los resultados finales.
Según declaraciones de Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, el Gobierno recurrió al chantaje de los profesionales del Derecho que son empleados públicos, obligándoles a votar por un determinado candidato, bajo pena de ser cancelados de sus puestos.
Señaló que las maniobras del Gobierno por favorecer a su candidato incluyeron, además, la utilización generalizada de militares y policías abogados, a quienes se les ordenó, de manera específica durante reuniones celebradas en los recintos militares, votar por la plancha número 7.
«Lamentamos que la Policía Nacional en lugar de cumplir su rol de ser garante de la seguridad de todos los actores en el proceso electoral, incluyendo la Comisión Nacional Electoral, se constituyó en un instrumento cómplice de abuso, que permitió el secuestro de los miembros de dicha Comisión por más de cinco horas, desde las nueve de la noche del 2 de diciembre hasta las 3:30 de la madrugada del domingo 3 de diciembre y que culminó con la agresión a trompadas por parte de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, del miembro del organismo electoral, Luis Yepez Suncar, como una forma de incidentar el boletín final», precisó Surun Hernández.
El abogado señaló que la Policía Nacional no sólo sirvió de soporte a las turbas que dañaron y agredieron los vehículos y a los miembros de la Comisión Electoral, sino que de manera ilegal, inconstitucional y sin orden judicial alguna mantienen secuestrado el edificio de la Escuela Nacional del Abogado, donde funciona la Comisión y donde se resguardan los materiales utilizados en el proceso recién transcurrido, «lo cual nos da una señal del nivel de abuso que hubo, máxime cuando tomamos en cuenta la denuncia al respecto del notario Manuel Emilio Méndez, quién notarizó el contrato de alianza suscrito entre Diego José García y Trajano Vidal Potentini, cuyas firmas fueron confirmadas por ambos».
«Según ha trascendido, dicho notario habría sido extorsionado para que niegue su propia firma en un contrato donde tal y como refiere un video de una llamada efectuada al mismo sitio, lo único que hizo fue notarizar ese contrato y quien confirmó su firma y sello en cada una de las páginas, pero por temor a sanciones se vio obligado a mentir», puntualizó.
El gremialista solicitó que se investigue la denuncia de que a favor del candidato oficialista, que encabezó la plancha 7, fueron invertidos más de 300 millones de pesos usados para comprar dirigentes de la oposición, tal como fue confirmado por el dirigente peledeísta Diego José García en un programa radial.
