El proyecto, que ahora pasará al Senado, tipifica delitos como el ciberacoso, refuerza penas por violencia intrafamiliar y deja fuera las tres causales del aborto.
Ciberacoso y acoso callejero: Se penaliza el acoso digital, el acecho en redes sociales y el acoso en espacios públicos, con sanciones que van desde multas hasta prisión.
Bullying y chantaje digital: Se incluyen sanciones específicas para quienes intimiden, humillen o extorsionen a otros a través de medios digitales, incluyendo la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Carreras ilegales (“picadas”): Serán castigadas como delito grave cuando pongan en riesgo vidas humanas o causen lesiones. Se contemplan penas de hasta 10 años si provocan muertes.
Uso de “ácido del diablo”: Las agresiones con químicos peligrosos tendrán penas de hasta 30 años de prisión, especialmente si causan daños permanentes o la muerte.
Violencia intrafamiliar: Se amplía la definición de este delito e incluye violencia física, psicológica, económica y verbal. También se fortalecen las medidas de protección para las víctimas.
Uso excesivo de la fuerza por policías: El nuevo código permite procesar a agentes del orden que incurran en abuso de poder durante intervenciones, allanamientos o detenciones.
Exención penal a líderes religiosos: No podrán ser procesados penalmente por opiniones expresadas dentro de su labor pastoral, lo que ha generado críticas por posible fomento de discursos discriminatorios.
¿Y el aborto?
El proyecto no incluye las tres causales para despenalizar el aborto (cuando peligra la vida de la madre, en casos de violación/incesto, o malformación incompatible con la vida), lo que ha generado rechazo por parte de colectivos feministas y defensores de derechos.
Sí contempla una eximente penal para casos excepcionales donde esté en riesgo la vida de la madre, pero no las otras dos causales, lo que mantiene el aborto como un delito en la mayoría de situaciones.
¿Qué sigue?
Ahora que fue aprobado por ambas cámaras, el nuevo Código Penal será enviado al Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader tiene la opción de promulgarlo, observarlo (es decir, devolverlo con sugerencias de cambio) o rechazarlo.
Esta reforma busca actualizar un código que data de 1884, pero aún enfrenta resistencia en distintos sectores de la sociedad, que consideran que varios derechos no han sido suficientemente garantizados.
