En una negociación diplomática encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno dominicano logró una expansión de su territorio marítimo en 11 millas náuticas cuadradas mediante el acuerdo de delimitación firmado en 2021 con el Reino de los Países Bajos. Este acuerdo, ratificado el 18 de octubre de 2024 por el Tribunal Constitucional, establece una línea de frontera en el mar Caribe basada en principios de equidistancia.
Te ponemos en contexto
La República Dominicana tiene seis fronteras marítimas. Hasta ahora, solo dos habían sido delimitadas oficialmente: con Colombia (1978) y Venezuela (1979). Este acuerdo con los Países Bajos marca la tercera delimitación. Aún quedan pendientes acuerdos similares con Estados Unidos (Puerto Rico), el Reino Unido (Islas Turcas y Caicos) y Haití.
Antes de este acuerdo con el Reino de los Países Bajos, la ausencia de una delimitación precisa generaba incertidumbre sobre el uso y la explotación de recursos marítimos, tales como la pesca y el petróleo.
¿Por qué nos concierne este acuerdo?
La ratificación del acuerdo ha generado tanto expectativas como preocupaciones en torno a la soberanía marítima y la preservación del territorio nacional. Aunque el Gobierno y el Tribunal Constitucional aseguran que el acuerdo respeta el principio de equidistancia, sectores de la sociedad civil y la oposición política han manifestado inquietud. Argumentan que el acuerdo podría afectar el estatus de «Estado Archipiélago» que establece la Constitución dominicana.
Lo “bueno” de este acuerdo
El canciller Roberto Álvarez subraya que esta negociación, fundamentada en la equidad y el respeto al derecho internacional, fortalece la posición de la República Dominicana en la gestión de sus recursos naturales y en su rol como Estado archipelágico. Con una línea de frontera claramente establecida y reconocida por ambas naciones, el país puede avanzar en la exploración de recursos marítimos, promoviendo su economía y preservando sus recursos ambientales.
Lo no tan bueno…
Puntos de preocupación: disidencia y oposición, No todos los jueces del Tribunal Constitucional apoyaron el acuerdo. Los magistrados José Alejandro Vargas Guerrero, María del Carmen Santana de Cabrera, Domingo Gil y Manuel Ulises Bonnelly Vega emitieron votos disidentes, advirtiendo que el acuerdo «no es conveniente para el país» y que podría comprometer los intereses marítimos de la nación.
Argumentaron la falta de claridad en cuanto a las responsabilidades de cada parte en la exploración de yacimientos y señalaron una posible violación a la Constitución dominicana y a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Controversia tras la ratificación
Luego de la ratificación, la oposición política y miembros de la sociedad civil han alegado que el acuerdo viola la Constitución Dominicana. Afirman que no respeta la condición de «Estado Archipiélago» establecida en la ley dominicana 66-07, y que cede «una gran parte de su territorio marítimo». Sin embargo, el estatus de archipiélago no se aplica en este acuerdo, ya que, aunque existe una ley que lo establece, esta es de carácter interno y no impacta los acuerdos internacionales.
Esta preocupación por una posible pérdida de soberanía ha sido central en las críticas y se espera que sea un tema de debate en el Congreso.
El próximo paso: la aprobación en el Congreso
Aunque el Tribunal Constitucional ha validado el acuerdo, aún requiere la aprobación del Congreso Nacional. El canciller ha afirmado que, una vez ratificado, la República Dominicana podrá ejercer plena soberanía sobre sus nuevos límites marítimos y avanzar en la explotación de sus recursos. El Congreso evaluará el tratado, sopesando tanto los beneficios como las inquietudes expresadas por los sectores disidentes y la sociedad civil.
