El expresidente Donald Trump prometió eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en caso de ser reelegido, pero su propuesta enfrenta importantes barreras legales y constitucionales.
La ciudadanía por nacimiento, establecida en la 14ª Enmienda de la Constitución, garantiza que cualquier persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadana del país. Este principio fue ratificado por el Tribunal Supremo en 1898 en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos, que determinó que incluso los hijos de inmigrantes eran ciudadanos si nacían en territorio estadounidense.
¿Qué implica la propuesta de Trump?
Trump firmó en su mandato una orden ejecutiva dirigida a reinterpretar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque no logró modificar la política. Legalmente, eliminar este derecho requeriría una enmienda constitucional, un proceso complejo que necesitaría el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Expertos legales, como Saikrishna Prakash, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Virginia, han señalado que un cambio de esta magnitud no puede decidirse unilateralmente por el presidente. Cualquier intento de reinterpretar la 14ª Enmienda probablemente enfrentaría demandas y podría terminar en el Tribunal Supremo.
¿A quiénes afectaría?
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron aproximadamente 250,000 bebés en EE.UU. de padres indocumentados. Si el derecho a la ciudadanía por nacimiento se eliminara, se estima que el número de inmigrantes no autorizados en el país podría aumentar a 4.7 millones para 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
Este cambio no solo afectaría a quienes nacen actualmente en el país, sino también a las futuras generaciones, creando una población creciente de personas sin ciudadanía y con derechos limitados.
¿Es viable políticamente?
La propuesta de Trump ha sido criticada por grupos de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que consideran que eliminar la ciudadanía por nacimiento iría en contra de los principios fundamentales de la Constitución. Además, cualquier acción en este sentido generaría divisiones políticas profundas y podría tener consecuencias significativas en las relaciones internacionales, dado que países como Canadá y México también practican el «Ius soli» (derecho de suelo).
En resumen, mientras Trump puede intentar revocar este derecho, las barreras legales, constitucionales y políticas hacen que sea extremadamente improbable que tenga éxito.
Tomado de BBC Mundo
