El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en un giro inesperado pidió que destituyan al juez que se atrevió a cuestionr la deportación de venezolanos bajo su administración. ¿Por qué? Porque el juez, James Boasberg, desafió a Trump a dar explicaciones sobre los vuelos de deportación que partieron a El Salvador, ¡a pesar de la supuesta «hibición temporal»!
¿Qué pasó?
El asunto comenzó cuando el presidente ordenó el envío de venezolanos, supuestos miembros de la pandilla Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Boasberg, un juez designado por Barack Obama, exigió que el Departamento de Justicia respondiera con urgencia sobre los detalles de estas deportaciones. ¿Y qué hizo Trump? En las redes sociales! Lo tildó de «agitar problemas» y lo acusó de ser un «juez de extrema izquierda». Pero la cereza del pastel fue cuando llamó a un juicio político contra él: «¡Este juez debe ser Destituido!»
¿Y qué dice la administración?
El gobierno de Trump se defiende diciendo que la deportación de estos venezolanos está justificada, ya que están ligados al Tren de Aragua, conocido por su relación con el crimen organizado. Pero el juez Boasberg no se quedó callado y ordenó suspender cualquier vuelo de deportación hasta que se aclare el asunto. Sin embargo, la administración aseguró que los vuelos ya habían comenzado antes de la orden del juez.
El gran tema ¿Son criminales los deportados?
El Departamento de Seguridad Nacional admitió que muchos de los deportados no tenían antecedentes criminales en EE. UU., pero al menos uno de ellos estaba vinculado a un asesinato, y algunos más enfrentan cargos de agresión. Pero, ¿realmente los deportados son todos miembros del Tren de Aragua? La verdad es que hay pocas pruebas de una invasión masiva de esta banda en territorio estadounidense.
¿Qué sigue? Trump sigue con su lucha. Los republicanos y hasta el magnate Elon Musk han respaldado sus ataques contra jueces federales, lo que ha elevado la temperatura en Washington. Mientras tanto, los alguaciles advierten sobre las crecientes amenazas a la seguridad de los jueces federales.
(Routers)
