El número de víctimas mortales por el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Birmania (Myanmar) el pasado 28 de marzo sigue en aumento. Este lunes, el régimen militar birmano confirmó que el total de fallecidos asciende a 3,514 personas, según datos publicados por el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.
Además de los muertos, el sismo dejó 4,809 personas heridas y 210 desaparecidas, según el mismo informe oficial. El terremoto ocurrió pasada la medianoche (hora local), con epicentro entre las regiones de Sagaing y Mandalay, en el centro-norte del país, una zona densamente poblada y con infraestructuras precarias.
La ONU advierte: más de 17 millones afectados
Un informe reciente de las Naciones Unidas elevó a 17 millones las personas afectadas directa o indirectamente por la catástrofe. De esa cifra, nueve millones se encuentran en situación especialmente crítica, concentrados en 57 municipios cercanos al epicentro.
La organización internacional advirtió que las dificultades logísticas y políticas podrían agravar la emergencia humanitaria.
Aislamiento político complica el acceso a ayuda
El general golpista Min Aung Hlaing, quien se autoproclamó primer ministro tras el golpe de Estado en febrero de 2021, visitó este fin de semana las zonas más afectadas en Mandalay, segunda ciudad más poblada del país. Desde allí agradeció el apoyo de equipos internacionales, aunque las restricciones impuestas por la junta militar complican el acceso de muchas organizaciones de ayuda.
Birmania vive un aislamiento diplomático creciente desde la asonada militar. Solo países como Rusia, su principal proveedor de armas, y China, con fuertes inversiones, mantienen relaciones fluidas con la dictadura castrense.
La guerra interna agrava la tragedia
El terremoto golpeó un país en plena guerra interna, donde el Ejército combate a grupos opositores y guerrillas étnicas que resisten al régimen. Según la ONU, estos conflictos han obstaculizado el reparto de ayuda humanitaria, especialmente en las zonas donde las autoridades no tienen control.
Organizaciones prodemocracia denunciaron que el régimen está impidiendo la entrega de suministros a territorios bajo dominio opositor, donde la situación humanitaria es cada vez más crítica.
