«Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida politica está en función de la justicia social y la Paz de Colombia”, expresó el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, este 4 de agosto en Twitter, ante las declaraciones de su hijo, Nicolás Petro, de que habría entrado «dinero ilícito” a la campaña presidencial de 2022, aparte de haberse enriquecido (Petro hijo) con los mismos dineros.
Declaraciones – aún por verificarse – , pero que ya han causado inmensa conmoción dentro y fuera del país. En la historia de Colombia nunca un hijo de un presidente había sido detenido y llevado en esposas, y junto con su ex esposa, a la Fiscalía. En las primeras audiencias Petro hijo afirmó querer «colaborar con la Justicia”. Eso quiere decir, en Colombia, delatar a quienes habrían participado o sabían de la comición del posible delito y entregar evidencias de ello.
Tres problemas que se profundizan
Esta nueva situación «agrava tres problemas ya existentes”, dice a DW el politólogo y senador del partido Alianza Verde Ariel Ávila: «El primero es que el Gobierno de Petro carece de una coalición mayoritaria. Ni los partidos tradicionales quieren dejar reformar nada ni el presidente ayuda con sus formas. Luego, no hay como pasar una sola reforma más en el Congreso de la República”, explica Ávila.
El segundo problema, a su juicio, es que «todo indica que el partido del Presidente (Colombia Humana) va a sufrir un gran fracaso en las elecciones regionales (29 de octubre)”. Y el tercer problema es «la fuerte polarización de la sociedad, ahora exarcebada por el nuevo escándalo”, agrega Ávila, para quien «esto es un cóctel muy peligroso”.
Un «cóctel” que puede llevar prácticamente a paralizar la gestión administrativa. «La etapa probatoria de las actuales acusaciones puede durar meses o años”, advierte a DW, por su parte, el sociólogo Eduardo Pizarro, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, quien explica que «uno de los problemas más graves que existen en todos los sistemas democráticos donde hay financiamiento privado es que los topes (del gasto en campañas electorales) se desbordan sistemáticamente”. En el caso de Colombia, el Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar si efectivamente los montos se sobrepasaron.
