EsquinaRD. – Haití entra en una nueva fase de su frágil proceso de estabilización. La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) comenzó oficialmente sus operaciones en este país, marcando el fin de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo liderazgo de Kenia.
Transición en marcha
La GSF asumió el control operativo mientras se desarrollan los mecanismos de gestión y continuidad de la transición. Según un comunicado de la antigua MSS, el equipo se encuentra analizando los modos operativos de gestión de la transición y la continuidad operativa, en un país que registró más de 4,000 homicidios solo en el primer semestre del año, en medio de una crisis social y política profunda.
El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos que autorizó la creación de esta nueva fuerza internacional, destinada a sustituir y reforzar el mandato de la MSS.



Reestructuración de identidad y operaciones
Durante el traspaso, la GSF trabaja en la actualización de la identidad institucional de la misión anterior, incluyendo redes sociales, símbolos, uniformes y canales oficiales de comunicación.
Aunque estos cambios se harán de manera gradual, la entidad garantizó que “el flujo de información al público y a los socios continuará sin obstáculos, con el mismo nivel de transparencia, compromiso y capacidad de respuesta”.
Refuerzos y cooperación internacional
La nueva fuerza, respaldada por el Gobierno haitiano, opera en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas (FAd’H), especialmente en la región de Artibonite, donde se concentran operaciones logísticas recientes.
En apoyo a esta labor, Canadá entregó 20 vehículos blindados de transporte de tropas, de los cuales cinco ya están desplegados en el terreno. Según el comunicado, “estos refuerzos ilustran la determinación de la GSF, en el marco de su mandato reforzado, de reestructurar el entorno de seguridad y mejorar la eficacia operativa en todo el país”.
El cuerpo militar tendrá un mandato inicial de 12 meses, con un máximo de 5,500 efectivos policiales y militares, asistidos por 50 civiles, en lo que se espera sea un nuevo intento por contener la violencia y reconstruir la confianza en las instituciones del país.